El Gobierno detectó "preliminarmente" 60 casos de violación de DDHH en las cárceles del país
El censo carcelario se desarrolló en 53 centros penitenciarios de Bolivia cuyo objetivo fue elaborar políticas públicas y consolidar la reforma penal y judicial.
El ministro de Justicia, Héctor Arce, informó que el censo carcelario que se realizó entre el jueves y el sábado a 18.814 internos permitió detectar de manera preliminar 60 casos de violación de derechos humanos.
"De manera preliminar se identificó 60 casos verdaderamente graves de la violación de los derechos humanos de las personas privadas de libertad, que en (las) próximas horas deben ser atendidas de manera inmediata", señaló en conferencia de prensa.
El censo carcelario se desarrolló en 53 centros penitenciarios de Bolivia cuyo objetivo fue elaborar políticas públicas y consolidar la reforma penal y judicial.
Participaron 1.507 censadores, todos estudiantes de las facultades de Derecho y Ciencias Políticas de las universidades públicas.
Arce explicó que entre esos casos de vulneración de derechos se encuentra el de un varón de 73 años de edad, recluido en la cárcel de San Pedro, La Paz, quien cumple una sentencia de más de 10 años, porque no le contabilizaron la detención domiciliaria como establece una sentencia constitucional.
Agregó que es "inaudito" que, en el mismo recinto, una persona que cumplió su sentencia de cuatro años por hurto siga recluido "indebidamente" seis meses más.
Calificó de "inhumano" que una persona de la tercera edad, de 76 años, y con discapacidad visual esté privado de libertad.
Otro caso, que dijo es "emblemático" en la cárcel de San Sebastián, Cochabamba, se trata de una persona que tiene sentencia por hurto, pero es enfermo mental y padece de un problema de esquizofrenia.
En la cárcel de Palmasola, Santa Cruz, dijo que una persona está con detención preventiva seis años y ocho meses por el delito de robo simple, cuyo delito tiene una pena de cinco años.
En otro caso, también en Palmasola, indicó que una persona por robo de una botella de lictor superó la sentencia de un año y seis meses de reclusión, cuando debió beneficiarse con la suspensión condicional de la pena o el perdón judicial.
El ministro manifestó que en todos esos casos el personal de Defensa Pública y de otras unidades del Ministerio de Justicia se movilizarán para resolverlos.
Explicó que en las cárceles de Chonchocoro, Patacamaya, Qalahuma, San Pedro, Obrajes y Miraflores de La Paz, fueron censados 4.153 privados de libertad.
En el departamento de Santa Cruz, 6.739 internos; en Beni, 1.068; Cochabamba, 2.775; Pando, 377; Tarija, 1.129; Potosí, 845 Chuquisaca, 745; Oruro, 983.