La Paz, 15 de agosto (Oxígeno).- “La violencia puede tener múltiples manifestaciones y una de esas puede ser la económica. En Bolivia ocho de cada diez mujeres son víctimas de algún tipo de violencia”, aseguró la coordinadora Nacional del Programa Regional ComVoMujer, Irma Campos Garvizú, en el marco del debate “Los costos invisibles de la violencia contra mujeres para las microempresas”.

El  evento se desarrolló este viernes a iniciativa de la Cooperación Alemana de Desarrollo GIZ, en cooperación con  la Asociación de Instituciones Financieras de Desarrollo (FINRURAL) y la organización  Pro Mujer.

La violencia contra la mujer en el ámbito financiero, principalmente en las microempresas, y los elevados costos que se generan por este hecho, fueron las dos temáticas más importantes del encuentro.

El director Residente de la Agencia GIZ, Michael Dreyer, aseguró que la lucha contra la violencia hacia las mujeres es un “tema de salud pública que necesita la atención de toda la sociedad”. Dreyer aseguró que en Bolivia el 80% de las mujeres son víctimas de este problema, que se presenta no sólo en el ámbito privado sino también en instituciones públicas.

Por su parte, director del Instituto de Investigación de la Universidad de San Martín de Porres (Perú) Arístides Vara- Horna, aseguró que el índice de violencia en el país es uno de los más altos de Latinoamérica, tanto en el ámbito social como en el económico.

“El verdadero objetivo de los microcréditos es ayudar a la gente pobre, garantizar la rentabilidad social. Se tiene que recuperar esa visión”, aseguró.

El encuentro también marcó la necesidad de que en Bolivia se realice un estudio detallado de la situación de los microemprendimientos.

Irma Campos, aseguró que éste es  un paso importante para afrontar la violencia en contra de la mujer en el ámbito financiero.  De esta manera las instituciones que otorgan estos servicios tendrían un “enfoque social para ayudar a sus clientes”.

También se contó con la presencia de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), que, según Campos, abrió la posibilidad de flexibilizar la norma referida a los microcréditos para dar más facilidades a las mujeres al adquirir estos servicios.