CIDH “urge” a Bolivia a esclarecer los hechos de Palmasola
Reconoce que es deber de las autoridades de Estado realizar requisas para garantizar el orden y seguridad en los centros penitenciarios, pero señala que “estos procedimientos deben practicarse de acuerdo con protocolos claramente establecidos en la ley".

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por los resultados del operativo en el penal de Palmasola que derivó en la muerte de 7 internos, y dejó heridos a más de 20 internos y 7 policías. Señaló que “urge” al Estado a esclarecer los hechos.
La CIDH “urge al Estado a investigar y esclarecer las circunstancias en que ocurrieron estos hechos, así como identificar y sancionar a los responsables”, señala una nota de la entidad, en la que piden que investigue quienes fueron los autores intelectuales y materiales y si hay alguna autoridad responsable por acción y omisión.
La Comisión reconoce que es deber de las autoridades de Estado realizar requisas para garantizar el orden y seguridad en los centros penitenciarios, pero señala que “estos procedimientos deben practicarse de acuerdo con protocolos claramente establecidos en la ley, de forma tal que se respete el derecho a la integridad personal de los recluso, y sin un uso desproporcionado de la fuerza”.
La nota menciona testimonios de mujeres que señalaron que fueron golpeadas y despojadas de sus pertenencias, el traslado de reclusos considerados “peligrosos” a otros recintos, el anuncio de la Defensoría del Pueblo de iniciar una investigación de oficio. Además, el Comisionado Joel Hernández lamentó los niveles de hacinamiento y las “condiciones deplorables” en las que se encuentran los privados de liberad y expresó su preocupación por las mujeres y niños que viven en el recinto.
Asimismo, la CIDH recuerda que los privados de libertad están bajo custodia del Estado y que por ello es su obligación investigar de oficio las muertes de las personas durante el operativo. Señala, también que “los establecimientos penitenciarios deben brindar a las personas detenidas espacios que garanticen su vida y seguridad, pues se encuentran bajo la custodia directa del Estado”.