La Paz, 24 de julio (Oxígeno).- El Instituto de Investigaciones Antropológicas/Arqueológicas (IIAA) de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) comenzó con el II Curso de Antropología Forense para capacitar a profesionales de distintas disciplinas interesados en esta especialidad y encontrar los restos óseos de 150 desaparecidos en la época de las dictaduras.

Claudia Vincenty, directora del IIAA de la UMSA, informó que como profesionales especialistas se tiene la misión de encontrar a los desaparecidos a 32 de haberse restaurado el proceso democrático en Bolivia.

Aseguró que para contribuir a este proceso y saldar la deuda que la democracia tiene con la historia y los familiares de los desaparecidos, el IIAA y la UMSA firmaron un convenio interinstitucional con la Fiscalía General del Estado y el Ministerio de Justicia.

El curso se desarrollará en la Universidad Policial de la Av. Iturralde en la zona de Miraflores de ciudad de La Paz, informó la autoridad universitaria.

El especialista en antropología forense, Luis Castedo, aseguró que en los últimos años se lograron localizar y entregar a sus familiares restos óseos de alrededor de 10 personas que desaparecieron en distintas etapas de los gobiernos autocráticos.

Dijo que los procedimientos técnicos y jurídicos de estos procesos son realizados con estricta confidencialidad por tratarse de asuntos de alta sensibilidad.

Especialización

Castedo informó que el Curso de Antropología Forense que se desarrolla entre el 23 al 25 de julio tiene la finalidad de compartir con médicos, fiscales, jueces, abogados, antropólogos y demás profesionales del área, métodos y técnicas para identificar restos óseos humanos en el marco de los procedimientos jurídicos y técnico judicial como la preservación de escenarios y la cadena de custodia de los mismos.

Los expositores son la Patricia Santos, fiscal de materia del Ministerio Público; Cristhian Valdivia, perito en criminalística y Luis Castedo, perito en antropología forense.

Convenio

Con el fin de contribuir a la búsqueda e identificación de restos de personas desaparecidas en dictaduras, desde febrero de este año, el rector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) Waldo Albarracín y la directora del Instituto de Investigaciones Antropológicas/Arqueológicas (IIAA) Claudia Vincenty, viabilizan la implementación del Convenio Interinstitucional con autoridades del Ministerio de Justicia y la Fiscalía General del Estado.

Vincenty aseguró que a pesar de su consolidación, la democracia boliviana tiene aún una deuda que saldar: investigar y resolver las desapariciones de las víctimas de los regímenes dictatoriales, ocurridas entre 1964 y 1982.  “Al IIAA le corresponde contribuir a esa finalidad desde la perspectiva técnica, científica y jurídica, junto a las instituciones especializadas del Ministerio de Justicia y de la Fiscalía”, sostuvo.

De acuerdo a las investigaciones realizadas por distintas instituciones de Derechos Humanos y recogidas por Amnistía Internacional (AI), entre 1964 y 1982, 200 personas en Bolivia fueron asesinadas, 5.000 detenidas de forma arbitraria, 20.000 deportadas o exiliadas y 159 permanecen desaparecidas.

En un informe, AI asegura que el Estado boliviano apenas ha dado los pasos necesarios para esclarecer la verdad, juzgar a los responsables y resarcir a las víctimas o a sus familiares.

Durante los gobiernos de facto o de escasa legitimidad popular, se produjeron desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, se ejerció la tortura, se practicaron ejecuciones extrajudiciales y se impusieron restricciones a la libertad de circulación y de expresión, según el informe de la organización internacional de Derechos Humanos.