Santa Cruz, 2 de julio (El Día).- Las personas de la tercera edad pasan por muchas dificultades en la cárcel para acceder a servicios de salud, algunos tienen enfermedades terminales y no pueden salir del penal, acogiéndose a beneficios de la ley porque no pueden juntar los requisitos", dijo la responsable departamental de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH), María Inés Galvis. Instituciones que trabajan con este sector en la cárcel identifican a 160 personas de la tercera edad, 90 son varones. Además, del total identifican que alrededor de 20 son extranjeros. En la gestión 2013 habían 115 en total.

Se incrementó la cantidad de ancianos en la cárcel. Galvis destacó que en esta gestión, en vez de disminuir con la normativa del indulto, la cantidad de ancianos en la cárcel aumentó considerablemente. "Hemos visto que ingresaron muchas personas entre los 60, 65 y 70 años. Además, en la cárcel hay algunos ancianos que tienen enfermedades terminales, que no han podido acceder a su libertad, con la normativa que los beneficia", dijo. Por su parte, la abogada, voluntaria de la Federación del Adulto Mayor, Noelia Medrano, destacó que solo un 2% se benefició con la ley, debido a que la mayoría está recluida por delitos como violación y narcotráfico. "Los ancianos cuando ingresan a la cárcel son olvidados por sus familiares y viven en pésimas condiciones y los que sí podrían acceder al indulto porque sus delitos son leves, no pueden debido a que no reúnen los requisitos", dijo.

Constancia de trabajo y flujo migratorio. Medrano aseguró que los ancianos con delitos leves  no pueden beneficiarse con el indulto, principalmente porque les piden constancia de futuro trabajo. "No hay muchas personas que puedan garantizar esto a un anciano", aseveró.

Analizan otra norma para beneficiar a ancianos recluidos. La presidenta de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Maritza Suntura, anunció que analizan la posibilidad de que los privados de libertad de la tercera edad se beneficien con detención domiciliaria con el objetivo de reducir la población carcelaria de Bolivia.

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