Tras realizar una evaluación en 20 recintos de detención para adolescentes, la Defensoría del Pueblo presentó un informe con cifras alarmantes, los resultados dan cuenta que el 37 por ciento de los casos por los que están detenidos los adolescentes es robo agravado, el 34 por ciento por delitos sexuales, el 20 por ciento por atentar contra la vida y la integridad y el 6 por ciento por casos de narcotráfico.

Según el documento, hay adolescentes privados de libertad acusados de delitos como “amenazas”, “asociación delictuosa” o “destrucción de bienes del Estado”, lo que llama la atención de las autoridades defensoriales.

El informe revela que del total de adolecentes privados de libertad, entre hombres y mujeres, el 60 por ciento están en calidad de detenidos preventivos, mientras que el 40 por ciento tiene sentencia.

LA MAYORÍA DE LOS DETENIDOS ESTÁN EN SANTA CRUZ

También, en la inspección se constató que en los 20 centros visitados, se hallan recluidos un total de 480 adolecentes, de los cuales 440 son varones y 40 mujeres. El 37 por ciento (176 personas) está en Santa Cruz, el 21 por ciento en Cochabamba y el 11 por ciento en La Paz. El 29 por ciento tiene entre 13 y 15 años y el 71 por ciento tienen entre 16 y 19 años. Hay 4 de 13 años y 26 de 14 años.

LOS JÓVENES DESCONOCEN EL AVANCE DE SU JUICIO

El Defensor del Pueblo, Rolando Villena, informó que los adolescentes detenidos no tienen acceso a un debido proceso y desconocen el avance de sus juicios, lo que deriva en una retardación de justicia.

“Existe retardación de justicia, los adolescentes no conocen a sus abogados y no existen mecanismos efectivos para garantizar a los adolescentes acceso a un proceso pronto y oportuno que logre el fin último de la justicia restaurativa, asumir el daño causado y retribuir a la víctima en la manera de lo posible”, indicó.

Villena recomendó al Ministerio de Justicia a asumir su rol para facilitar no solo información, sino mecanismos, herramientas y modelos a ser aplicados por las gobernaciones así como hacer el seguimiento a la definición de presupuestos reales que permitan implementar el sistema en toda su dimensión.