Santa Cruz, 24 de noviembre (Oxígeno).-La directora de la Casa de la Mujer de Santa Cruz, Miriam Suárez, informó que en 2015 se ha registrado más de un caso feminicidio por mes en Santa Cruz  pese a que las sanciones penales son más rígidas según lo que establece la Ley Contra la Violencia a la Mujer 348.

Desde que se promulgó la Ley 348, el 8 marzo de 2013, según la datos de la Casa del a Mujer, se han registrado 114 asesinatos contra la mujer de los cuales hay sólo hay 13 sentencias ejecutoriadas contra los autores.

Este 25 de noviembre se celebrará el Día internacional de la Eliminación de la Violencia de la Mujer y para las entidades de defensa los avances son muy pocos para erradicar los distintos hechos de violencia que van desde violencia sexual, esclavitud y asesinatos.

“Tenemos que decir que en la presente gestión han ocurrido 90 feminicidios a nivel país de los cuales 15 sucedieron en Santa Cruz, o sea que nuestras mujeres están muriendo más de una vez por mes, tenemos que decir basta”, enfatizó Suárez.

Las Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia (FELCV)  ha registrado casi 16.000 denuncias entre 2014 2015  las mismas que son derivadas a Unidades de Víctimas Especiales  que ya no abastecen para atender tantos casos.

Sólo el 2015, la Casa de la Mujer atendió a 1.500 víctimas de violencia cuyos agresores en el 95% de los casos, son familiares o allegados, como esposos, padres, hermanos, padrastros, tíos e incluso hijos. 

Santa Cruz es la ciudad de mayor incidencia de violencia contra la mujer según el representante del Defensor del Pueblo Hernán Cabrera.

Según datos de esta dependencia, de enero a octubre de 2015,se han denunciado en la FELCV 8.692 casos de los cuales la mayor parte son delitos sexuales como, violaciones, estupro, acoso, tráfico y feminicidio. 

 Cabrera dijo que de 1.931 personas que han ingresado a la cárcel de Palmasola en Santa Cruz,  acusadas por diferentes ilícitos, sólo 421 están por delitos sexuales que no equivale ni al 5% de los acusados.

 Explicó que la mayoría de los casos quedan en impunidad por la excesiva burocracia en la Policía y la Justicia, la re victimización y por el silencio que prefieren guardar muchas de las víctimas tras conciliar con sus agresores.

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