La Paz, 20 de noviembre (Oxígeno).- El ministro de Gobierno, Carlos Romero, informó este viernes que desde febrero del 2016 parte del lorte de las 500 cámaras de videovigilancia serán instaladas en los juzgados del eje troncal del país, luego de que se revelara el caso de un juez que extorsionó a la madre de un imputado, el 2 de mayo, para cambiar el caso.

El 2014, los jueces se opusieron a la instalación de los aparatos con el argumento de que los aparatos vulneraban su privacidad.

“Lo vamos a hacer, no necesitamos pedir permiso a nadie porque aquí se trata de resguardar las garantías de los ciudadanos bolivianos para ejercer sus derechos, especialmente en el ámbito de la justicia”, manifestó Romero.

Dijo que las cámaras estarán ubicadas en puestos estratégicos. El fin es vigilar la labor de los operadores de justicia.

Dos jueces, un fiscal y una secretaria fueron destituidos luego de que se conociera un video sobre un caso de extorsión en el que se involucró al ahora exjuez del Tribunal Anticorrupción y de Lucha contra la Violencia a la Mujer de La Paz, Marcelo Barrientos.

En el documento audiovisual se observa a Barrientos solicitando a la madre de un imputado por abuso deshonesto la suma de $us 15.000 para cambiar el caso. El hecho se registra, según las imágenes, con la complicidad de funcionarios de ese tribunal y la secretaria que pide la cartera y un celular a la víctima.

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