Santa Cruz, 11 de noviembre (Oxígeno).- Por orden del Tribunal Constitucional, aproximadamente 400 familias asentadas ilegalmente sobre 47 hectáreas que pertenecen a la Cámara Departamental de la Pequeña Industria y Artesanía (Cadepia) fueron desalojadas el miércoles por la Policía, según el reporte del viceministro de Régimen Interior, Marcelo Elio.

“Fruto de este documento mandamiento de desapoderamiento, estamos cumpliendo esta orden porque estos terrenos corresponden a Cadepia, se ha notificado a las familias que, en su mayoría, ya tenían listas su pertenencias para que puedan abandonar este lugar”, explicó la autoridad de gobierno.

Por su parte, la Gobernación de Santa Cruz figura en Derechos Reales como el titular de los terrenos; sin embargo, reconocen que sobre los mismos hay derechos de propiedad correspondientes a las personas de la pequeña industria, indicó el secretario Jurídico, Luis Fernando Roca.

“Ratificamos que estos terrenos corresponden a la pequeña industria y la Justicia es la que ha ordenado el desapoderamiento y el Ministerio de Gobierno ha instruido a la Policía a auxiliar en este tema”, expresó.

Asimismo, la autoridad recomendó a los verdaderos propietarios, regularizar su derecho propietario y tomar las precauciones necesarias para que hagan prevalecer sus derechos para que sus terrenos no vuelvan a ser avasallados.

Estos terrenos, que corresponden a la cuarta etapa del Parque industrial fueron destinados a la pequeña industria con el fin de crear instalaciones de producción, crear fuentes de empleo y aportar al desarrollo productivo del departamento.

Pese a la resignación de parte de las familias otras opusieron resistencia para salir de los predios ubicados en la zona del Playón a la altura del sexto anillo y el Cambódormo y fueron gasificadas por efectivos de la Policía cerca del mediodía.

Muchas de estas familias fueron víctimas de loteadores que vendieron los predios falsificando documentos en complicidad con funcionarios públicos. “Vamos a desbaratar toda esa redes de loteadores y falsificadores que hacen daño a la gente”, advirtió Elio.

Los afectados señalaron que compraron los terrenos hace 6 años aproximadamente de una familia apellidada Portales, por más de 6 mil dólares cada uno y que invirtieron un promedio de 15 mil  a 20 mil dólares para construir sus viviendas.

Elio Explicó que el siguiente paso será la demolición de las construcciones ilegales con fecha aún no determinada.

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