La Paz, 07 de octubre (Página Siete).- El senador Óscar Ortiz presentó ayer un informe de la Intervención del Fondo Indígena en el que se revela que 685,8 millones de bolivianos fueron transferidos de forma ilegal a 978 cuentas particulares de representantes legales de los proyectos. 

El Presupuesto General del Estado (PGE) 2010 establece que los recursos económicos deben inscribirse a nombre del proyecto a ejecutarse y que podrán ser retirados por los representantes legales del mismo. Este requisito sólo fue cumplido en 60 casos.

"Nosotros vamos a pedir una vez más a la Contraloría General del Estado (CGE) que se incluya en la revisión de todos estos proyectos al conjunto del directorio y los ministros que formaban parte de este directorio”, declaró el senador opositor Ortiz.

Según el artículo 4 del Presupuesto General del Estado, el Fondo Indígena "podrá transferir recursos públicos, debiendo aperturar en su presupuesto institucional programas y actividades que permitan identificar el sector económico, localización geográfica, organización beneficiaria y monto a transferir, mismo que deberá ser autorizado mediante resolución expresa del ministerio cabeza del sector”.

El senador Ortiz afirmó que las transferencias a cuentas particulares pueden ser posibles siempre y cuando estén especificadas, como es el caso de los deportistas que necesitan un apoyo estatal para realizar un viaje. 

"Sin embargo, el dinero para los proyectos debe estar en cuentas a nombre del mismo proyecto y no a cuentas particulares”,  manifestó el legislador.

La interventora del ex Fondo Indígena, Lariza Fuentes, informó en una anterior oportunidad que desde  2009 el directorio está integrado por representantes de sectores sociales y de cinco ministerios. Esta entidad aprobó 3.177 proyectos y de ellos 1.100 recibieron al menos un desembolso para su ejecución y 2.077 no recibieron recursos.

De los 1.100 proyectos que recibieron financiamiento se identificaron 30 "proyectos fantasma” y 713 proyectos que no fueron concluidos. Hasta ahora, según la Interventora, estos generaron un daño económico de más de 102 millones de bolivianos.    

El lunes, Fuentes informó que se presentó la denuncia ante el Ministerio Público contra 90 personas, entre ellas los dirigentes disidentes del MAS Damián Condori, Adolfo Chávez, Félix Becerra y otros líderes como   Julián Flores y  Jesusa Tarqui Velasco, además de    representantes legales de cada proyecto.

El fin de semana, el ministro de Economía, Luis Arce Catacora, en el plenario de la Asamblea Legislativa señaló que su persona tuvo conocimiento de las irregularidades y daño económico al Estado en la ejecución de 153 proyectos. 

Los 20 más grandes
Los desembolsos económicos más grandes se realizaron en 20 proyectos, dijo el senador opositor, y afirmó que Melva Hurtado, ejecutiva de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), recibió 22 millones de bolivianos.

El total de los 20 proyectos más grandes  asciende a 102 millones de bolivianos, de los cuales nueve corresponden a  La Paz, cuatro a Oruro, dos a Santa Cruz, dos a Potosí, uno a Beni, uno a Cochabamba y otro a Tarija.