A través de sus cuentas en las redes sociales, la activista y abogada Badia Beller cuestionó la decisión del Gobierno de Estados Unidos de restringir las visas y prohibir el ingreso a su país de funcionarios y exfuncionarios bolivianos, entre ellos al fiscal general Roger Mariaca, y mostró fotografías que muestran a Ferhnando Cerimedo, su expareja y exasesor del presidente Rodrigo Paz hoy investigado y detenido en Bolivia, y el hijo del presidente de Donald Trump.
En si post, Beller cuestionó que la decisión del Gobierno de Estados Unidos se dé cuando la Fiscalía investiga a Cerimedo por distintos casos. En concreto, mostró imágenes del exasesor de Rodrigo Paz junto a Donald Trump Jr., Brad Parscale y Andy Rivas y Cerimedo. A su juicio, la imagen cobra relevancia por lo que ocurre hoy en el país. Pidió «desentrañar» los presuntos negocios de estos actores, a quienes acusó de instrumentalizar el movimiento MAGA (Make America Great Again, lema de la campaña de Trump).
Beller aseguró que presentó ante la Fiscalía audios, chats, fotografías y documentación sobre la supuesta participación de Cerimedo en decisiones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), incluida la colocación y el retiro de funcionarios. También mencionó información sobre combustible, oro y otras operaciones.
Según relató, parte del material se refiere a FUTURA, empresa vinculada al suministro de combustible a Bolivia. En esas conversaciones, dijo, se habla de comisiones para Parscale, socio de Cerimedo y exjefe de campaña de Trump. También se menciona el tancaje, que estaría en manos de la madre de los hijos de Cerimedo. Sostuvo que Cerimedo reconoce que Parscale trabaja con ella desde hace tiempo y que niega recibir parte de esa comisión, aunque es quien «opera» en YPFB para favorecer a la empresa.
Advertisement:
Beller añadió que, según los chats, la mujer se encargaría de auditar la infraestructura y verificar los requisitos del tancaje de FUTURA, donde se recibiría el combustible que se vende a Bolivia. Todo lo que ella perciba, precisó, sería comunidad ganancial para Cerimedo.
«No estamos hablando solamente de una campaña electoral», afirmó. Se refirió, en cambio, a una estructura política internacional que, tras ganar el gobierno, aparece vinculada a negocios cuestionables en el país.
Beller recordó que el Gobierno de Estados Unidos retiró la visa a Mariaca y lo acusó de corrupción relacionada con el narcotráfico, pero sin presentar, hasta ahora, denuncia ni prueba alguna. El fiscal general sostiene que la medida es una forma de presión política y ha señalado que continuará con las investigaciones sensibles, incluida la que involucra a Cerimedo.
La denunciante puso el foco además en los ministros que hablan de posibles procesos y extradiciones mientras se presiona al fiscal general. Citó al ministro Ernesto Justiniano, sobre quien dijo que existen cuestionamientos y elementos que ameritan investigación por hechos vinculados al narcotráfico y al encubrimiento de contrabandistas de oro. «¿Es una defensa institucional o una forma de presión o chantaje contra quien está investigando?», cuestionó.
También recordó el caso del exjefe de la FELCN Frans William Cabrera, incluido en las restricciones de Estados Unidos. En ese punto se refirió al audio presentado por el vicepresidente Edmand Lara, atribuido a Cerimedo. En él se escucharía a Cerimedo negociar cobertura para vuelos de avionetas en el Beni por 15.000 dólares mensuales por aeronave, además de hablar de coordinación con Cabrera y con NAABOL. Lara anunció que remitirá el material a la Fiscalía.
Si existe una estructura de protección al narcotráfico, argumentó Beller, una sola persona no puede sostenerla. Por eso preguntó por qué no se retiró la visa a Cabrera, Cerimedo, Justiniano «y quienes resulten involucrados».
Beller comparó el caso boliviano con el de Perú, donde el único ciudadano incluido en la lista sería Juan Carlos Núñez Matos, juez del Primer Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima. Núñez Matos había dictado una resolución favorable a Cosco Shipping Ports Chancay Perú, la empresa china que opera el megapuerto de Chancay. Según indicó, el Departamento de Estado no explicó públicamente qué conducta del juez motivó la restricción.
«¿Qué criterio está utilizando el Gobierno de Donald Trump para decidir quién entra en esta lista?», se preguntó. Añadió que, si la razón es corrupción y narcotráfico, debe explicarse por qué se sanciona al fiscal que investiga y no a los demás actores señalados.
Advertencia de «golpe institucional»
Beller sostuvo que los lobbies internacionales vinculados al entorno MAGA ya son investigados en Bolivia, y que ahora quien encabeza ese espacio político «está señalando al que investiga».
Advirtió también que legisladores y sectores del Parlamento piden la salida de Mariaca, en un contexto en que circulan denuncias sobre supuestos pagos de 5.000 dólares mensuales y reparto de cargos a parlamentarios a cambio de respaldar al Gobierno.
«No se puede sacar a un Fiscal General mediante presión política, sin pruebas fehacientes y sin debido proceso», afirmó. De ocurrir, alertó, ya no se trataría de una simple destitución sino de un «golpe institucional» contra la Fiscalía para impedir que la investigación avance”, advirtió.
El caso
El Gobierno de Donald Trump informó este lunes que ha revocado las visas de 27 funcionarios y exfuncionarios latinoamericanos, incluyendo al fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca.
Entre los señalados figuran el fiscal general boliviano Roger Mariaca y más de otros 20 autoridades y exautoridades nacionales, 12 de los cuales fueron identificados como titulares actuales de visa y nueve a quienes se les negará la visa si la solicitan. También se ven afectados dos colombianos —un magnate empresarial y un legislador—, junto con dos ecuatorianos y un juez peruano.
Según los documentos, a Mariaca, quien fue elegido para un mandato de seis años en 2024, se le acusa de abusar de su cargo público al solicitar y aceptar sobornos para facilitar el narcotráfico, y también de ayudar a delincuentes violentos a evadir la justicia.
“Sus acciones ponen en peligro los esfuerzos del presidente Trump para combatir el narcoterrorismo, al tiempo que socavan las mismas instituciones democráticas que Bolivia, como participante del Escudo, está trabajando para fortalecer”, dice el comunicado.
Ayer, el fiscal general del Estado, Roger Mariaca – acusado por EEUU de beneficiar al narcotráfico- , ya aseveró que el Ministerio Público respeta la institucionalidad de países del exterior, pero advirtió que no permitirá la interferencia, el condicionamiento o la afectación del trabajo que viene desarrollando la Fiscalía.
“Sabemos que el trabajo que venimos realizando no ha sido del agrado de determinados sectores políticos, tanto dentro como fuera del país (…) Sabemos que algunas investigaciones tienen implicaciones internacionales”, aseveró.
En ese marco, hizo referencia directa a las investigaciones que se lleva adelante en contra del exasesor del presidente Rodrigo Paz, el argentino Fernando Cerimedo, mismas que, dijo, “han generado preocupación y repercusión en diferentes ámbitos políticos”.
“Ninguna presión nacional o internacional puede convertirse en un impedimento para esclarecer hechos investigados. Cuando existen denuncias de corrupción, nuestra obligación es es investigar, cuando hay elementos de posible enriquecimiento ilícito nuestra obligación es investigar. Este fiscal no esta para acusar anticipadamente a nadie, esta para garantizar que los hechos sean esclarecidos y las decisiones sean adoptadas conforme a Ley”, señaló.
Mariaca, asimismo, también hizo referencia al caso de la gasolina basura y pidió, en ese sentido, que quienes se sientan afectados por las investigaciones dejen que éstas sigan su curso, que las “pruebas hablen” y la justicia determine lo que ocurrió en cada uno de los casos.
“El pueblo tiene derecho a conocer la verdad sobre las denuncias que se han presentado, incluido los hechos denunciados de corrupción relacionados al combustible. Es nuestro trabajo y lo vamos a realizar sin importar quien sea afectado”, afirmó.