El Magisterio Urbano habría decidido concentrar sus protestas en contra de la descentralización educativa en la ciudad de La Paz.
Según reportes, el sector habría decidido levantar sus piquetes de huelga de hambre – iniciados hace 13 días- y concentrar sus protestas en la Sede de Gobierno, según dirigentes.
“Se va a masificar las medidas de huelga de hambre aquí en la ciudad de La Paz. Las diferentes ejecutivas han bajado a las 31 federaciones a socializar las determinaciones de la Conferencia. Van a continuar las movilizaciones en la calle”, señaló uno de los dirigentes, según reporte de la Red Uno.
Eso sí, la misma fuente señaló que las marchas y “lucha en las calles” continuará en diferentes regiones del país.
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Sin embargo, las Resoluciones de la VII Conferencia Nacional Extraordinaria 2026 no mencionan el fin de las huelgas de hambre y ratifica que el sector se declara en “movilización permanente”.
El documento, compartido por la Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia, de hecho, señala que el sector se declara en estado de movilización permanente y anunció la radicalización de sus medidas de presión hasta alcanzar sus objetivos, sin descartar un paro nacional de 72 horas.
Según el documento, el diálogo con el Ministerio de Educación “queda roto” por responsabilidad exclusiva de esa cartera. El magisterio afirma que no será “cómplice ni espectador” de lo que considera un atentado contra la educación pública.
Según el texto, la CTEUB expresó su solidaridad con los huelguistas de hambre y condenó lo que describe como represión, persecución y criminalización de la protesta, con gases, balines, amenazas y amedrentamiento policial. Sostuvo que la movilización es un derecho legítimo de los trabajadores y no un delito.
Además, advirtió que, si se aplican descuentos por el paro de 48 horas, el sector dejará de cubrir las horas gratuitas que, según indicó, sostienen el déficit histórico educativo. Dispuso también que las 31 federaciones desarrollen obligatoriamente actividades orgánicas financieras hasta el 20 de noviembre, en aplicación del artículo 58 de su Estatuto Orgánico.
El sector reafirmó su respeto al principio del diálogo, pero condicionó cualquier reapertura a la eliminación definitiva del anteproyecto de ley de descentralización educativa de los institutos técnicos tecnológicos, lingüísticos y artísticos a favor de las gobernaciones. Aseguró que no aceptará diálogos destinados a legitimar decisiones previamente impuestas, ni mecanismos que pongan en riesgo la unidad, el carácter fiscal y la administración nacional de la educación pública.
Entre sus demandas figuran:
- Acta del 16 de mayo: el cumplimiento del acta firmada entre el Ministerio de Educación, el de Economía y la CTEUB.
- Presupuesto 2027: el magisterio denunció falta de transparencia por parte del Ministerio de Educación, al que acusa de ocultar el porcentaje de inversión en educación en el anteproyecto del Presupuesto General del Estado (PGE) 2027. Según la CTEUB, la información conocida apunta a una asignación de solo 5% del PGE, lo que representaría una reducción a la mitad de la inversión actual.
- Formación docente: la publicación oportuna de la Convocatoria de Admisión 2027 a las Escuelas Superiores de Formación de Maestros (ESFM) y el rechazo a toda medida que busque trasladarlas a una estructura universitaria.
La CTEUB calificó de “intransigente, autoritaria y provocadora” la actitud del ministro de Educación. El documento concluye con la consigna “¡Si tocan a uno, respondemos todos!”.
Entretanto, el ministro de Educación, Erick Sanjinés, señaló que sigue vigente el acuerdo que firmó con el Magisterio Rural – que es rechazado por elérea urbana de los educadores- respecto a suspender el anteproyecto de Ley que busca transferir la administración de los institutos técnicos y tecnológicos a las gobernaciones.
El acuerdo de cuatro puntos contempla, en su primer punto, la suspensión del anteproyecto “y la realización de una evaluación integral y participativa, mediante mesas técnicas regionales que definirán una propuesta de nuevo modelo de gestión”, informó la Defensoría del Pueblo
Asimismo, el Gobierno ratificó el carácter único, fiscal y gratuito de la educación, el respeto al escalafón docente y el fortalecimiento de las Escuelas Superiores de Formación de Maestros, descartando su transferencia a las universidades.