Medio Ambiente- Alianza Unidad
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El mayor patrimonio de Bolivia son sus bosques, sus ríos y otras fuentes de agua, sus selvas, su enorme y sorprendente biodiversidad, pero sobre todo, su gente. No podemos permitir que sigan destruyendo lo más valioso que tenemos, porque sin eso nada podemos esperar del futuro.
- Plantaremos 10 millones de árboles por año, para compensar la deuda ambiental que el MAS nos dejó en estos 20 años. Reforestaremos con especies nativas y maderables (mara, tajibo y otros), en colaboración con comunidades indígenas y empresas certificadas; mediante la aplicación de un impuesto a la explotación de madera.
- Prohibiremos el chaqueo y quema de árboles en cualquier forma. Ante un foco de calor, inmediatamente se levantará una investigación y se sancionará con pena de cárcel de 30 años a los responsables. Crearemos la Fiscalía Forestal, encargada de estas investigaciones.
- Observatorio Ambiental. Creamos una plataforma digital pública para monitorear deforestación en tiempo real, con sanciones automáticas a infractores. Revisaremos y modificaremos la normativa que regula la protección y el uso sostenible de los bosques y tierras forestales.
- Manufactura industrial forestal. Crearemos, con alianza público privada, zonas con incentivos estatales a la manufactura en Santa Cruz, Pando y Beni para producir muebles, tableros y papel.
- Acuerdos comerciales. Se buscará un tratado con la UE para exportar madera certificada, aprovechando fondos climáticos internacionales.
- Institucionalizaremos y despolitizaremos la Autoridad de Tierras y Bosques, realizando una revisión de todas las concesiones forestales realizadas en los últimos veinte años.
- Controlaremos las exportaciones de madera. Castigaremos el contrabando de madera de especies apreciadas, así como la tala indiscriminada, con cárcel.
- Instalaremos controles de exportación de madera boliviana certificada en puertos de Chile y Perú, así como la exportación de contrabando, de madera en tablones o en tronca en las fronteras con Brasil.
Sostenibilidad Ambiental
- Deforestación Cero 2030 y corredores biológicos. Impulsaremos la meta nacional de Deforestación Cero al 2030, apoyada en un sistema de vigilancia satelital con inteligencia artificial y brigadas comunitarias. Crearemos corredores biológicos entre al menos 15 áreas protegidas para conservar la conectividad ecológica y promover sistemas de cosecha de agua en zonas vulnerables como el Altiplano, para adaptarse a los impactos del cambio climático.
- Plataforma Bolivia Verde para transparencia y participación. Lanzaremos una plataforma digital de datos abiertos con información sobre calidad ambiental, concesiones mineras, permisos forestales y denuncias ciudadanas. Incorporaremos trazabilidad de tierras con blockchain para reducir el tráfico ilegal y proteger los derechos de propiedad, especialmente en zonas rurales y bosques comunitarios.
- Protección jurídica y uso sostenible de la tierra. Reafirmaremos que el cumplimiento de la Función Económico-Social (FES) se verifica a través del uso sostenible de la tierra en actividades agropecuarias, forestales, ecoturísticas y de conservación. Garantizar la seguridad jurídica del productor sostenible es clave para frenar la deforestación incentivada por interpretaciones erradas de la FES. El Estado respetará este principio para promover un agro productivo, responsable y ambientalmente compatible.
- Gestión integral de la biodiversidad y Áreas Protegidas. Rediseñaremos institucionalmente el SERNAP para garantizar una gestión efectiva, técnica y descentralizada de las 155 áreas protegidas del país, que hoy cubren el 29% del territorio nacional. Se incrementarán recursos financieros, humanos y tecnológicos, y se implementará una estrategia de manejo participativo con pueblos indígenas y comunidades locales, protegiendo el patrimonio biogenético frente a amenazas como el tráfico ilegal, la deforestación, y los proyectos extractivos.
- Biotecnología soberana y agricultura sostenible. Fortaleceremos la biotecnología nacional a través del Instituto Boliviano de Biología (IBB), que liderará el desarrollo de semillas nativas resistentes al cambio climático y la producción de bioinsumos para reducir el uso de agroquímicos. Garantizaremos el derecho del consumidor al exigir un etiquetado obligatorio para productos que contengan organismos genéticamente modificados.
- Sistema Nacional de Información y Monitoreo Ambiental. Crearemos un sistema nacional de información ambiental moderno y tecnológicamente avanzado, que integre monitoreo satelital, inteligencia artificial y bases de datos hidrometeorológicos. Esta entidad técnico-científica de carácter público-privado será clave para la toma de decisiones sobre riesgos ambientales, deforestación, incendios y cambio climático, y servirá como sistema de alerta temprana frente a emergencias ecológicas.
- Mercado de carbono y restauración forestal. Promoveremos la regeneración de bosques degradados mediante proyectos certificados de carbono forestal que generen créditos comercializables en mercados internacionales (Verra, Gold Standard). Las comunidades y pueblos indígenas serán actores centrales en la protección de estos bosques y beneficiarios directos de los ingresos por servicios ambientales.
- Fondo Soberano Ambiental para financiamiento verde. Crearemos un Fondo Soberano Ambiental estructurado bajo principios internacionales (Green Bond Principles), financiado con bonos verdes, contribuciones climáticas voluntarias e impuestos al carbono. Este fondo respaldará inversiones en energías limpias, pagos por servicios ambientales, electrificación rural renovable y otras acciones prioritarias de sostenibilidad.
- Minería responsable y transición ecológica. Transformaremos el sector minero en una actividad más limpia, transparente y responsable. Impulsaremos la certificación con tecnologías blockchain para garantizar trazabilidad en minerales (oro, litio), incrementaremos las regalías y exigiremos cumplimiento ambiental. Se formalizará progresivamente la minería cooperativa, dotándola de tecnologías limpias, acceso a crédito y capacitación, en línea con el Convenio de Minamata sobre el mercurio.
- Justicia ambiental y lucha contra el ecocidio. Impondremos sanciones ejemplares, incluyendo penas de hasta 30 años de cárcel, para quienes provoquen incendios intencionales, destruyan ecosistemas o cometan delitos ambientales. Respetaremos los parques nacionales y los territorios indígenas, fortaleciendo su protección como pilares fundamentales de la soberanía ecológica del país.
// RESUMEN REALIZADO POR LA APP 'ELECTROBOT'