SEGURIDAD JURÍDICA

Lo más importante para transformar, es implementar un paraguas de seguridad jurídica que permita el desarrollo, la productividad, la inserción de Bolivia en el concierto de naciones autosostenibles, y actuar en un mundo globalizado con el rótulo de nación desarrollada. En ese sentido, para superar el actual Estado DE FACTO, interpretamos la seguridad jurídica como aquel marco normativo sólido, con tendencia desreguladora que incentive la inversión y garantice derechos fundamentales a la vida, propiedad privada y a la libertad. Para materializarlo garantizaremos los siguientes elementos:

ORDEN PÚBLICO CONSTITUCIONAL

• Promoveremos la consolidación de Guardias Autonómicas Departamentales. Estas se articularán con las guardias municipales y los servicios privados de seguridad, priorizando la incorporación de miembros locales. Asimismo, se optimizarán los servicios de la Policía Nacional.
• Fortaleceremos la normativa contra avasallamientos y toda forma de atentado contra la propiedad privada con sanciones agravadas, procesos sumarios que garanticen Justicia en el menor tiempo posible. Le devolveremos la institucionalidad a todos los niveles de Gobierno para aplicar la Ley y el Orden Público.
• Desarrollaremos políticas públicas que promuevan la cultura cívico-ciudadana, la prevención y la predictibilidad de delitos. Consolidaremos un sistema departamental de seguridad ciudadana inteligente e integrado a la Red Nacional; en el marco de una política criminal efectiva que defienda los derechos de las víctimas y castigue a los perpetradores
• Fortaleceremos la soberanía en las fronteras con Bases Integrales de Seguridad Fronteriza, integrando fuerzas militares, policialesytecnología avanzada para combatir el crimen transfronterizo. Se implementará un sistema de vigilancia con drones y sensores inteligentes, endureciendo penas para contrabando, narcotráfico y trata de personas.
• Asimismo, en el marco de la Diplomacia del Desarrollo, se impulsará la creación de Zonas Económicas Estratégicas Fronterizas con incentivos fiscales, infraestructura logística y polos productivos para atraer inversión y generar empleo. Se fortalecerá la cooperación con países vecinos en comercio legal y seguridad, garantizando el control estatal y el desarrollo sostenible fronterizo.
• Impulsaremos un Plan de Repoblamiento Estratégico Fronterizo, incentivando la migración interna con acceso a vivienda, empleo y servicios básicos. Se crearán polos agroindustriales, tecnológicos y logísticos, con incentivos fiscales para atraer inversión. Se garantizará seguridad, infraestructura y conectividad, consolidando la presencia de la autoridad pública y reforzando la soberanía territorial.

ESTADO DE DERECHO: El respeto a la Constitución Política del Estado implica que toda acción del Gobierno y de las autoridades, en todos sus niveles, se enmarca en un sistema normativo eficaz que no solo promueve la igualdad ante la Ley y la justicia.

Este sistema limita el poder estatal, fortaleciendo la independencia de Órganos, pero lo dota de la capacidad para actuar decisivamente en defensa del interés general, preservando la Supremacía Constitucional y el Bloque de Constitucionalidad como base del Orden Público por todos los medios posibles.

Estamos conscientes de la necesidad de promover varias reformas parciales de la Constitución Política del Estado para hacer posible varias d las transformaciones que serán necesarias.

También estamos conscientes preservando el Estado de Derecho la modificación de varios instrumentos legales hoy en vigencia.

PROTECCIÓN DE DERECHOS: Cumplimiento de los derechos individuales, colectivos y de los contratos en el marco de las leyes vigentes. Sin seguridad jurídica, las personas naturales y jurídicas estarían expuestas a decisiones arbitrarias y cambios impredecibles en la normativa, lo que podría poner en riesgo sus derechos y propiedades. Así mismo, la seguridad jurídica promueve un ambiente propicio para el crecimiento económico sostenible. Las empresas pueden operar de manera eficiente y los emprendedores tengan la confianza necesaria para innovar y expandirse, a la vez que toda inversión extranjera tenga la seguridad de que los fondos puestos en el país tengan la cobertura necesaria en cuanto a su garantía.

En ese marco propiciaremos el urgente retorno d las empresas de conciliación internacionales a nuestro territorio a fin de velar por los intereses de nacionales y extranjeros.

MARCO NORMATIVO PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD JURÍDICA: Principio de favorabilidad de "ampliar lo favorable y restringir lo odioso."

Proporcionaremos un marco normativo simplificado y ordenado que brinde certeza a los ciudadanos de la protección de sus derechos, garantías y el cumplimiento de las leyes en el marco del Estado de Derecho. Y que incentive la confianza de inversionistas nacionales e internacionales.

• Proporcionar garantías claras para la inversión extranjera y nacional, asegurando que los contratos sean respetados y aplicados de manera justa.
• Crear incentivos legales y económicos para el emprendimiento, brindando un marco estable que facilite la creación y crecimiento de negocios sin incertidumbres legales.
• Sistema tributario competitivo, que incluye alivio, incentivos fiscales y zonas francas.

Para garantizar la seguridad jurídica es imperativo reinstituir el rol de la Asamblea Legislativa y su atribución interpretativa de la Constitución como recurso jurídico y político para la ejecución programática y para el nuevo desarrollo normativo, en el marco del Art. 4.III de la Ley 027 de 2010.

ACCIONES PARA GARANTIZAR UNA JUSTICIA INDEPENDIENTE, OPORTUNA Y TRANSPARENTE

NUEVO PERFIL PROFESIONAL

• Impulsaremos una nueva carrera judicial basada en mérito, ética profesional y evaluación continua, orientada a desmantelar las redes de extorsión e ineficiencia que hoy dominan el sistema. Promoveremos mecanismos de resolución alternativa de conflictos para evitar la judicialización excesiva y garantizar una justicia accesible, rápida y confiable.
• Implementaremos un proceso sumarísimo, con plazos perentorios y respeto al debido proceso, para investigar y sancionar faltas éticas de abogados, jueces y operadores jurídicos, restableciendo la confianza ciudadana en el sistema de justicia.
• Reformaremos la Ley N.º 387 del Ejercicio de la Abogacía, para digitalizar el Registro Público de la Abogacía, eliminando trámites costosos e innecesarios, a la vez que se garantice la libertad de asociación gremial, sin injerencia estatal.
• Crearemos el Expediente Profesional Digital, interoperable, público y actualizado en tiempo real, que registre formación, desempeño, procesos y sanciones. Este expediente incorporará firma digital e inteligencia artificial para asegurar trazabilidad, meritocracia y transparencia en toda la carrera jurídica.
• Además, se procederá a la institucionalización de la Escuela Nacional de Servidores Judiciales, con:
  
  • Un programa de formación inicial y continua basado en estándares internacionales.
  • Un sistema de pasantías meritocrático, que sirva como semillero del nuevo sistema judicial, libre de padrinazgos y corrupción.

EJERCICIO PLENO DE LA AUTONOMÍA FUNCIONAL Y EL FORTALECIMIENTO DEL ÓRGANO JUDICIAL Y DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

• Impulsaremos una independencia económica, administrativa y una consolidación presupuestaria óptima del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional. El Órgano Judicial de Bolivia inicia el año 2025 con un déficit presupuestario de Bs 149 millones, lo que compromete su funcionamiento; asimismo la asignación presupuestaria actual no llega ni al 1% frenando la creación de juzgados, la incorporación de más jueces y funcionarios especialistas para atender a la ciudadanía.
• Gestionaremos la reasignación presupuestaria -mínima- del 3% en la reformulación del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, y en la proyección del PGE 2026 para tecnología, infraestructura, recursos humanos y la creación de la novísima Defensa Público-Privada.

MERITOCRACIA EN LA SELECCIÓN DE AUTORIDADES JUDICIALES

• Reformaremos el sistema de selección de jueces y magistrados:
• Convertiremos el actual sistema de elección por voto popular por un mecanismo meritocrático y transparente.
• Crearemos del Tribunal de Selección de Postulantes, independiente del poder político, encargado de evaluar trayectoria personal y profesional de los candidatos.

DEFENSA EFICIENTE FRENTE A LA CRIMINALIDAD

• Fortaleceremos el Ministerio Público:
• Reforma institucional para garantizar su autonomía funcional, administrativa y financiera.
• Distribución equitativa de fiscales en Municipios según población, con fiscales itinerantes para zonas rurales.
• Crearemos instituciones estratégicas:
• Implementación de una Policía Judicial Científica, con base en ciencias del comportamiento. como brazo operativo del Ministerio Público.
• Emplazamiento y descentralización de los Institutos de Investigaciones Forenses en municipios según densidad poblacional.

ADMINISTRACIÓN CARCELARIA DE GESTIÓN PRIVADA PARA REDUCIR EL HACINAMIENTO Y LOS ENTORNOS VIOLENTOS

La gestión carcelaria es un tema crítico de nuestra nueva política criminal (y Orden Público) que implementaremos, para: Modernizar y mejorar la eficiencia en la gestión del sistema penitenciario boliviano, se propone la creación de un modelo de administración carcelaria de gestión privada, orientado a optimizar recursos, garantizar la seguridad y promover la rehabilitación efectiva de los internos. Evitando el inhumano hacinamiento que además obliga a que familias enteras, y sobre todo menores de edad, sean expuestos a entornos violentos.

Objetivos:

• Reducir la corrupción y el hacinamiento carcelario.
• Diferenciar responsabilidad penal con base en ciencias del comportamiento, derivando a cárceles a delincuentes y a tratamiento especializado a enfermos mentales en centros adecuados.
• Incrementar la eficiencia en la gestión de los centros penitenciarios.
• Garantizar que la detención preventiva sea la excepción y no la regla, a la vez que se brinden condiciones de seguridad, salud y rehabilitación adecuadas para la población carcelaria.
• Optimizar el uso de recursos públicos mediante asociaciones público-privadas (APP).
• Se implementará el uso obligatorio de brazaletes electrónicos, que actualmente se encuentran en depósitos, para monitorear en tiempo real a detenidos con arresto domiciliario. Esta medida fortalecerá el control judicial, garantizará el cumplimiento de restricciones, optimizará recursos de seguridad y reducirá riesgos de fuga, asegurando mayor eficacia en la supervisión.

// RESUMEN REALIZADO POR LA APP 'ELECTROBOT'