1. Garantizar la independencia e imparcialidad del Poder Judicial

• Reforma del mecanismo de selección de altas autoridades judiciales: Impulsar una reforma constitucional que suprima la elección por voto popular de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y del Tribunal Constitucional Plurinacional. En su lugar, establecer un sistema mixto de selección meritocrática, con control ciudadano y participación efectiva de universidades, colegios de abogados y organismos internacionales, en consonancia con precedentes jurisprudenciales del propio Tribunal Constitucional respecto a vocales y jueces.
• Limitación normativa de las atribuciones del Tribunal Constitucional: Regular los alcances de las decisiones del TCP, especialmente en lo referido a la restricción de derechos fundamentales derivada de normas con rango de ley. Cuando se trate de conflictos entre órganos del Estado, deberá ser obligatorio que el pleno del TCP resuelva mediante resolución colegiada, con fundamentos constitucionales y jurisprudenciales claros.
• Plazos definidos para cubrir vacancias en altas magistraturas: Establecer, mediante ley, la obligatoriedad de que el Órgano Legislativo y el Órgano Electoral convoquen a procesos de selección y designación de magistrados en un plazo máximo de 90 días ante cualquier vacancia, garantizando continuidad institucional y previsibilidad jurídica.
• Blindaje institucional contra interferencia política: Asegurar la autonomía plena del Consejo de la Magistratura y del Ministerio Público, dotándolos de presupuestos independientes, estabilidad institucional y mecanismos efectivos de resguardo frente a presiones o injerencias externas.
• Creación de la Defensoría Judicial Ciudadana: Instituir un ente autónomo dedicado a recibir, investigar y canalizar denuncias de presiones políticas, amenazas o interferencias indebidas en procesos judiciales, con facultades para emitir recomendaciones vinculantes y activar acciones correctivas.

2. Combatir frontalmente la corrupción judicial

• Fiscalía Especializada en Corrupción Judicial: Crear una unidad fiscal con competencia exclusiva para investigar casos de corrupción dentro del Órgano Judicial, dotada de autonomía operativa, fiscales especializados y mecanismos de protección personal para evitar represalias.
• Auditoría digital del sistema judicial: Implementar tecnologías de inteligencia artificial para realizar auditorias automatizadas de procesos judiciales, con capacidad de identificar patrones anómalos, contradicciones sistemáticas o retrasos injustificados en fallos.
• Sistema de rendición pública de cuentas judiciales: Establecer la obligación de jueces y fiscales de presentar informes semestrales sobre su desempeño, incluyendo número de causas atendidas, tiempos procesales, resoluciones emitidas y justificación de sus decisiones. Estos informes deberán ser públicos y evaluados por instancias externas.
• Protección efectiva a denunciantes de corrupción (whistleblowers): Garantizar mecanismos legales y tecnológicos para la denuncia anónima y segura de actos de corrupción judicial, con protección integral a quienes colaboren en la lucha contra estas redes de impunidad.

3. Asegurar un acceso equitativo y oportuno a la justicia

• Ampliación territorial de la justicia: Extender la red de casas de justicia en regiones rurales y comunidades indígenas, con jueces itinerantes, intérpretes en lenguas originarias y atención jurídica gratuita, reduciendo la desigualdad geográfica en el acceso al sistema.
• Implementación de justicia digital: Modernizar el sistema judicial con expedientes electrónicos, audiencias virtuales y plataformas de asistencia legal remota, priorizando su uso en zonas rurales y sectores vulnerables.
• Defensorías comunitarias gratuitas: Crear y fortalecer defensorias legales en todo el país, gestionadas por el Estado en articulación con universidades y organizaciones sociales, para brindar orientación jurídica, mediación y defensa de derechos fundamentales.
• Perspectiva de género y derechos humanos en decisiones judiciales: Incluir de forma obligatoria la perspectiva de género y el enfoque de derechos humanos en todas las actuaciones jurisdiccionales, acompañada de programas permanentes de capacitación y evaluación.
• Control digital y jerárquico de plazos procesales: Diseñar un sistema informático que obligue a cada juez o fiscal a ingresar los avances de sus procesos, generando una base de datos pública para autoridades jerárquicas que permita monitorear, evaluar y fiscalizar el cumplimiento de plazos y obligaciones procesales.
• Evaluación interinstitucional inmediata del sistema judicial: Activar un proceso extraordinario de evaluación integral del Órgano Judicial, a través de una comisión interinstitucional, con el fin de identificar fallas estructurales y promover una depuración institucional con base en criterios objetivos y verificables.

4. Fortalecer la formación profesional y ética de operadores de justicia

• Creación de una Escuela Nacional de la Magistratura con carácter autónomo, orientada a la formación integral de jueces y fiscales, con un currículo moderno y estándares internacionales en materia de técnica jurídica, ética pública y enfoque humanista.
• Establecimiento de un sistema de evaluación periódica de desempeño y conducta ética para todos los operadores de justicia, con indicadores objetivos y consecuencias administrativas reales, incluidas sanciones, suspensión o cese en caso de incumplimiento.
• Implementación de un programa nacional de formación continua obligatoria, con módulos especializados en justicia penal, enfoque de género, lucha contra la corrupción, justicia indigena originaria campesina, derechos de la niñez y acceso a la justicia.
• Reforma y aplicación efectiva del Código de Ética Judicial, bajo la supervisión de una comisión ética independiente, con capacidad vinculante y facultades de fiscalización sobre los actos y decisiones de jueces y fiscales.

5. Reconocer e integrar la justicia indigena originaria campesina (JIOC) de manera efectiva

• Aprobación de un reglamento nacional de coordinación entre la justicia ordinaria y la justicia indigena originaria campesina, que delimite claramente sus competencias, establezca canales de articulación y mecanismos de respeto mutuo.
• Capacitación intercultural obligatoria para jueces, fiscales y policías sobre principios, normas y procedimientos propios de la JIOC, con el objetivo de erradicar la discriminación institucional y el desconocimiento normativo.
• Reconocimiento oficial de las autoridades originarias como operadores jurisdiccionales, garantizando su autonomía, seguridad y ejercicio sin criminalización ni subordinación a instancias del sistema ordinario.
• Creación del Tribunal Plurinacional de Coordinación Judicial, con representación paritaria de ambos sistemas, encargado de resolver conflictos de competencia, armonizar criterios jurisprudenciales y fortalecer la justicia plural.

6. Reforma estructural del sistema penal y penitenciario

• Modificación del tratamiento de las medidas cautelares en el proceso penal, estableciendo que no constituyen un fin en sí mismas y que, en delitos patrimoniales o de daño económico cuantificable, se priorice el objetivo resarcitorio sobre el punitivo.
• Incorporación, dentro del marco normativo de la Ley 348, de un estándar probatorio compatible con los principios del Pacto de San José de Costa Rica, asegurando el respeto al debido proceso, la presunción de inocencia y el principio de proporcionalidad.
• Diseño e implementación de políticas penitenciarias orientadas a la aplicación de amnistías e indultos para reducir el hacinamiento carcelario, especialmente en casos de personas detenidas preventivamente sin sentencia ejecutoriada.
• Establecimiento de audiencias penitenciarias periódicas mediante visitas carcelarias judiciales, con enfoque humanitario y de derechos humanos, para evaluar la situación procesal de mujeres embarazadas, adolescentes, adultos mayores y demás grupos vulnerables privados de libertad.

7. Crear el Consejo Nacional de Justicia (CNJ) como órgano autónomo de reestructuración judicial

El sistema judicial boliviano atraviesa una crisis estructural de legitimidad, independencia y eficacia. Se plantea la creación del Consejo Nacional de Justicia (CNJ), un órgano autónomo, técnico y no político, que impulse una reestructuración integral de la justicia, fuera del control del Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

• El CNJ tendrá autonomía funcional, administrativa, normativa y financiera.
• No dependerá de ningún poder del Estado ni responderá a designaciones políticas.
• Estará compuesto por 7 a 9 miembros con alta formación jurídica, sin militancia política ni vínculos partidarios recientes, elegidos por concurso público con participación de universidades, colegios profesionales y sociedad civil.

Sus competencias incluirán:

• Diseñar y ejecutar una reestructuración nacional del sistema judicial, evaluando y reorganizando estructuras, operadores y procedimientos.
• Administrar la carrera judicial: designaciones, ascensos, formación y régimen disciplinario.
• Formular propuestas de reforma constitucional y legal, especialmente en justicia ordinaria e indigena.
• Supervisar el acceso a la justicia, tiempos procesales, trato y calidad del servicio judicial.

Sus decisiones estarán guiadas por criterios técnicos y éticos, con rendición de cuentas ante la ciudadanía y auditoría externa permanente. Además, el CNJ operará bajo un régimen de austeridad, con pagos por sesión efectiva y sin beneficios burocráticos, evitando su burocratización y fomentando una vocación de servicio. Por ello, se establecerá un Observatorio Ciudadano de Justicia como ente de control social y vigilancia del trabajo del CNJ. Porque esta propuesta busca despolitizar profundamente el sistema judicial y recuperar la confianza ciudadana mediante una reforma técnica, ética y transparente.

8. Crear una Unidad de Transparencia Judicial con participación ciudadana y auditorias externas

Para fortalecer la integridad en el sistema judicial, se propone crear una Unidad de Transparencia Judicial (UTJ), integrada por representantes del poder judicial, sociedad civil, colegios profesionales y expertos independientes.

• Monitoreará el desempeño ético y administrativo de jueces, fiscales y otros operadores judiciales.
• Establecerá indicadores públicos de transparencia y rendición de cuentas.
• Coordinará auditorias externas periódicas.
• Publicará informes con recomendaciones vinculantes.

Esta unidad promoverá una justicia imparcial, protegida de intereses ocultos y fortalecerá la confianza ciudadana en el sistema judicial.

9. Exigir la declaración pública de bienes y conflictos de interés de operadores de justicia

Para prevenir el enriquecimiento ilícito y el tráfico de influencias, se obligará a jueces, fiscales, defensores públicos y altos funcionarios judiciales a presentar y actualizar públicamente:

• Declaraciones patrimoniales, cuentas bancarias, vehículos y bienes relevantes.
• Participación en sociedades u organizaciones con potencial conflicto de interés.
• Declaraciones juradas anuales accesibles en una plataforma digital pública.

El incumplimiento será sancionado administrativa y penalmente, como mecanismo de control anticorrupción.

10. Digitalizar el sistema judicial para garantizar el seguimiento público de casos

Se implementará una plataforma digital nacional para el seguimiento de casos, resoluciones y etapas procesales, con trazabilidad y acceso público (salvo excepciones legales).

• Permitirá consultar expedientes, fallos y audiencias en tiempo real.
• Incluirá alertas que previenen la manipulación y demoras indebidas.
• Estará conectada con fiscallas, defensorias, registros y notarias.
• Reducirá el uso de papel y consolidará el expediente judicial electrónico.

Esta herramienta garantizará celeridad, transparencia y control ciudadano sobre la administración de justicia.

11. Reforma procesal, descongestionamiento y digitalización de la justicia

Se impulsará una transformación profunda del sistema judicial para garantizar mayor celeridad, transparencia y acceso efectivo a la justicia. Esta reforma contempla:

• Simplificación integral de los procedimientos judiciales, eliminando formalismos innecesarios, unificando normativas y priorizando la oralidad y celeridad.
• Creación de un programa nacional para la liquidación de causas con mora judicial extrema (más de 10 años), con equipos técnicos especializados y auditoria ciudadana.
• Fortalecimiento de mecanismos alternativos de resolución de conflictos (conciliación, mediación, arbitraje), mediante centros comunitarios, obligatoriedad en ciertas materias y campañas educativas.
• Digitalización completa del sistema judicial, con expediente electrónico, automatización de trámites, acceso remoto a audiencias, interoperabilidad institucional y atención asistida para sectores excluidos.

Esta propuesta apunta a descongestionar los tribunales, reducir la impunidad estructural y democratizar el acceso a la justicia.

12. Profesionalización, meritocracia y especialización judicial

Se propone reconfigurar la formación y selección de operadores judiciales bajo principios de excelencia, ética y compromiso con los derechos fundamentales. Las medidas incluyen:

• Creación de una Escuela Nacional de la Magistratura autónoma, con planes de estudio exigentes y participación de universidades, centros de derechos humanos y sociedad civil.
• Institución de una verdadera carrera judicial basada en concursos de méritos, evaluaciones periódicas, capacitación continua, incentivos al buen desempeño y un régimen disciplinario claro.
• Fomento de la especialización judicial en áreas clave como justicia de género, justicia indigena y derechos humanos, mediante formación especifica y transformación de juzgados ordinarios en juzgados especializados.

Estas acciones garantizarán una justicia imparcial, profesional e inclusiva, al servicio del pueblo y no de intereses corporativos o políticos.

13. Hacia una justicia plural, intercultural y descolonizadora

Se propone consolidar un verdadero pluralismo jurídico mediante el fortalecimiento institucional, normativo y operativo de la Justicia Indígena Originaria Campesina (JIOC), reconociéndola como un sistema legítimo de resolución de conflictos y promoviendo su articulación armónica con la justicia ordinaria, bajo principios de igualdad, respeto mutuo y derechos humanos.

1. Reconocimiento pleno y fortalecimiento operativo de la JIOC

• Se garantizará el ejercicio autónomo de la jurisdicción indígena conforme a sus normas, procedimientos, cosmovisión y estructuras comunitarias, sin intromisión de autoridades ordinarias en asuntos de su competencia.
• Se reconocerá legalmente a las autoridades tradicionales como jueces naturales dentro de sus territorios, protegiendo sus formas propias de investigación, deliberación y sanción, siempre que no contravengan los derechos fundamentales.
• Se establecerá un registro nacional de fallos comunitarios con validez jurídica y ejecutoria, articulado con tribunales ordinarios y defensorias del pueblo, sin subordinar a las autoridades originarias al sistema estatal.
• Se incorporará estructuralmente la JIOC en los planes nacionales de acceso a la justicia, con asignación de recursos específicos, apoyo técnico y cobertura institucional en territorios donde el sistema ordinario no llega.

2. Formación y acompañamiento con enfoque intercultural

• Se impulsarán programas de formación dirigidos a autoridades originarias en derechos humanos, derecho constitucional e instrumentos internacionales, asegurando que se preserven su independencia, legitimidad comunitaria y cosmovisión.
• La capacitación será impartida por instituciones interculturales en coordinación con organizaciones indígenas, e incluirá contenidos sobre procedimientos administrativos, coordinación interjurisdiccional y registro de fallos.
• Se promoverán intercambios de saberes entre operadores de justicia ordinaria y autoridades indígenas, fomentando el respeto recíproco y la construcción de una cultura jurídica plural.

3. Mecanismos de coordinación entre sistemas jurídicos

• Se elaborarán protocolos institucionales de coordinación entre tribunales ordinarios y autoridades comunitarias para casos de competencia concurrente o conflictos interjurisdiccionales, con procedimientos de derivación, consulta previa y resolución respetuosa de controversias.
• Se crearán salas mixtas o comisiones conjuntas de justicia intercultural, integradas por jueces estatales especializados y sabios indígenas reconocidos, para tratar casos complejos que afecten a ambas jurisdicciones, proponiendo soluciones concertadas, respetuosas de ambas normativas y con enfoque de derechos.
• Se implementará una formación intercultural obligatoria para jueces, fiscales, abogados y defensores públicos sobre sistemas normativos indígenas, pluralismo jurídico, diversidad lingüística y cosmovisión originaria, en alianza con universidades e instituciones indígenas.

4. Marco legal garantista y no discriminatorio

• Se adecuarán las normativas vigentes para evitar la criminalización arbitraria de prácticas ancestrales legitimas, reconociendo su valor cultural, social y comunitario.
• Se garantizará el debido proceso comunitario bajo principios de dignidad, defensa, proporcionalidad y no tortura.
• Se exigirá el uso de peritajes antropológicos y lingüísticos en procesos judiciales que involucren prácticas indigenas, asegurando pertinencia cultural en la interpretación y aplicación del derecho.

Esta propuesta busca materializar el principio constitucional de la justicia plural, construir una convivencia armónica entre sistemas jurídicos, y avanzar hacia una justicia verdaderamente intercultural, descolonizadora y con pertinencia territorial.

// RESUMEN REALIZADO POR LA APP 'ELECTROBOT'