1. Política de austeridad para ajustar el déficit fiscal

En las últimas gestiones, Bolivia ha sostenido un elevado nivel de gasto público que ya no encuentra respaldo en ingresos genuinos. El déficit fiscal estructural ha superado el del PIB (2023), y el gasto corriente representa cerca del 15% del Producto Interno Bruto, lo que lo convierte en uno de los más altos de la región. Buena parte de este gasto se ha vuelto inflexible: salarios, subvenciones y funcionamiento del aparato estatal que no pueden reducirse de la noche a la mañana sin afectar derechos básicos. Sin embargo, es urgente asumir una política de austeridad que racionalice el gasto, sin deteriorar la calidad de vida del pueblo.

La austeridad que proponemos no es neoliberal ni antisocial. Es una austeridad inteligente, planificada y dirigida a recortar privilegios, duplicidades, burocracia y despilfarro, no derechos.

El Estado debe predicar con el ejemplo en momentos de crisis. No podemos exigir sacrificios al pueblo mientras persisten sueldos elevados en altas esferas del gobierno, ministerios sin función real, embajadas con bajo retorno diplomático y estructuras administrativas que se reproducen sin eficiencia ni control.

Por ello, nuestro programa propone una serie de medidas inmediatas y graduales:

1. Reducción del gasto superfluo del aparato estatal
   1. Revisión y reducción de los salarios más altos del sector público, especialmente en niveles ejecutivos, direcciones nacionales y entidades descentralizadas.
   2. Fusión o eliminación de ministerios, embajadas y consulados cuya función no sea estratégica, económica y de seguridad evitando duplicación de funciones entre órganos del Estado.
   3. Evaluación periódica del trabajo de los asambleístas nacionales sujeta a modificación salarial en función de los resultados.
   4. Congelamiento de nuevos ítems en el sector público, priorizando la estabilidad de los actuales funcionarios y fortaleciendo áreas críticas como salud, educación y seguridad.
   5. Unificación de las escalas salariales del sector público para las equivalencias salariales de los niveles técnicos, ejecutivos y legislativos de aporte a la seguridad social a largo plazo.
2. Reorientación de la inversión pública
   1. Priorizar inversiones con alto retorno social y económico, evitando megaproyectos con bajo impacto o excesiva importación de bienes y servicios.
   2. Aplicación estricta del criterio "componente nacional obligatorio" para proyectos de infraestructura, incentivando el desarrollo de proveedores locales.
3. Subvenciones más inteligentes
   1. Sustituir subsidios generalizados (como los energéticos y algunos alimentarios) por subsidios focalizados, dirigidos a las familias con mayores carencias.
   2. Fortalecer el sistema de base de datos sociales y el control cruzado de beneficiarios para evitar filtraciones y corrupción.
4. Control del crecimiento del gasto
   1. Establecer una regla fiscal de emergencia, que limite el crecimiento del gasto corriente hasta recuperar la sostenibilidad macroeconómica.
   2. Evitar incrementos salariales en el sector público mientras el déficit supere el 5% del PIB, salvo en sectores priorizados por ley (educación, salud, seguridad).

Esta política de austeridad busca generar espacio fiscal para destinar recursos a la verdadera transformación productiva del país. No es un retroceso, sino una limpieza profunda para que el Estado vuelva a estar al servicio de la gente y no de sus estructuras internas. Reducir el déficit no será fácil, pero es el primer paso para recuperar la soberanía económica. La responsabilidad fiscal no es un lujo: es la base de cualquier política social que aspire a perdurar.

2. Estabilizar el tipo de cambio y fortalecer las reservas internacionales

La estabilidad del tipo de cambio es una condición fundamental para la estabilidad económica y social del país. Cuando el valor de la moneda se ve amenazado, se disparan los precios, se detiene la inversión, se multiplica la especulación y la incertidumbre afecta principalmente al pueblo trabajador. Hoy, Bolivia vive una presión creciente sobre su moneda, con una escasez estructural de dólares, reservas internacionales en niveles mínimos y un tipo de cambio paralelo que deteriora la confianza en el sistema financiero.

Frente a esta realidad, no basta con controles superficiales o restricciones temporales. Es necesario construir una política integral que fortalezca la capacidad del pais de generar divisas genuinas, recupere reservas, y devuelva la confianza en el boliviano.

El objetivo es claro: proteger nuestra moneda nacional sin sacrificar el aparato productivo ni afectar el bolsillo popular. Para ello, proponemos las siguientes líneas de acción:

1. Generar divisas mediante la promoción estratégica de exportaciones
   1. Impulsaremos créditos concesionales para exportadores, gestionados a través del BDP, bajo la condición de repatriar las divisas obtenidas.
   2. Se fomentará la producción con valor agregado para la exportación en sectores no tradicionales: agroindustria, textiles, manufactura ligera, biotecnología y economía naranja.
   3. Se establecerán incentivos fiscales, aduaneros y logísticos para empresas que demuestren impacto exportador y generación de empleo.
2. Impulso del Estado en sectores generadores de divisas
   1. El Estado participará activamente en el desarrollo del turismo estratégico, con inversión en infraestructura, promoción internacional y alianzas público-comunitarias.
   2. Se promoverá la explotación estatal del oro, estableciendo mecanismos jurídicos para controlar su extracción, procesamiento y comercialización, combatiendo el contrabando y canalizando divisas al Banco Central.
   3. Se recuperará el rol estratégico del Estado en las cadenas de valor mineras, energéticas y logísticas, priorizando la captación de ingresos en divisa dura.
   4. Desarrollo e implementación de una estrategia nacional de inclusión financiera digital, liderada por el Estado en alianza con el sistema financiero, telecomunicaciones, universidades y fintechs.
   5. Expansión y modernización de la infraestructura nacional de pagos, promoviendo:
      1. Interoperabilidad total entre billeteras móviles, bancos y cooperativas.
      2. Incentivos al uso de pagos digitales en pequeños comercios y zonas rurales.
   6. Regulación especifica para promover el uso seguro y masivo de herramientas de FinTech (crowdfunding, criptomonedas reguladas, insurtech, etc.).
3. Reducir la salida de divisas y controlar el déficit externo
   1. La reducción gradual y selectiva de la subvención a los combustibles permitirá disminuir la necesidad de importaciones masivas de hidrocarburos.
   2. Se promoverá una política de sustitución de importaciones, elevando aranceles a productos que puedan ser producidos en el país y apoyando la reconversión de industrias.
   3. Se aplicará una moratoria de inversión pública con componente importado, para evitar la fuga de dólares por compras externas innecesarias.
4. Renegociación de deuda y acuerdos internacionales
   1. Se abrirá un proceso de renegociación con los principales acreedores del país, buscando extender plazos y mejorar condiciones financieras.
   2. Se priorizará el acceso a créditos multilaterales concesionales, con tasas bajas, largos plazos y objetivos productivos claros.

El tipo de cambio no se defiende con discursos, se defiende con política económica coherente, firme y patriótica. Si queremos proteger la estabilidad de los hogares bolivianos, debemos recuperar la capacidad de generar nuestras propias divisas, con producción, exportación y control soberano de nuestros recursos estratégicos. Un país que depende de importar dólares está condenado a la inestabilidad. Un país que exporta conocimiento, industria y turismo, construye soberania. Esa es nuestra apuesta.

3. Medidas de contención para estabilizar los precios

La inflación no es una cifra técnica: es una amenaza directa a la vida diaria del pueblo. Cuando los precios suben sin control, el salario pierde valor, la pobreza se multiplica y la incertidumbre se convierte en norma. En el último año, Bolivia ha experimentado un alza sostenida en el precio de los productos de la canasta básica, provocada por factores internos (como el déficit fiscal, la escasez de divisas y el contrabando) y externos (guerras, interrupciones en cadenas logísticas globales, fenómenos climáticos).

Frente a esto, el Estado no puede ser un espectador pasivo. Debe ser garante del equilibrio, facilitador de acuerdos y protector del poder adquisitivo del pueblo trabajador. Nuestro programa plantea un conjunto de medidas de contención de precios, diseñadas desde la planificación, con participación social y sentido de urgencia. Estas medidas no son cosméticas, ni son parches. Son políticas estructurales orientadas a sostener la estabilidad interna y garantizar el acceso a los alimentos y servicios esenciales.

1. Subsidios productivos focalizados
   1. Se garantizará la subvención de insumos agrícolas esenciales (fertilizantes, semillas, agua de riego, energía rural) a pequeños y medianos productores que abastecen el mercado interno.
   2. Se establecerán acuerdos con productores nacionales para fijar precios máximos solidarios en productos clave de la canasta familiar.
   3. Se priorizará la importación estatal de alimentos cuando sea necesario para frenar especulación y evitar el desabastecimiento.
2. Ferias del productor al consumidor
   1. Se organizarán, en coordinación con gobiernos subnacionales, ferias masivas a nivel municipal y departamental, que eliminen intermediarios y permitan al consumidor acceder a alimentos frescos a precio justo.
   2. Estas ferias serán apoyadas con logística estatal (transporte, refrigeración, promoción) y con participación directa de sindicatos agrarios y asociaciones de pequeños productores.
3. Lucha contra la especulación
   1. Se reactivarán y fortalecerán los mecanismos de control de precios, fiscalización de almacenes y márgenes de ganancia, en sectores estratégicos como alimentos, transporte, medicamentos y energía.
   2. Se sancionará con firmeza el acaparamiento, el sobreprecio y la manipulación de precios mediante estructuras privadas o grupos especulativos.
4. Priorizar el abastecimiento interno
   1. La exportación de productos esenciales estará condicionada al abastecimiento pleno del mercado nacional.

Contener los precios no significa distorsionar el mercado. Significa evitar que el pueblo pague los costos de una crisis que no provocó. Significa proteger el salario real, garantizar el acceso a los alimentos y frenar la especulación antes de que se convierta en hambre. Una economía popular no puede existir sin estabilidad de precios. Y la estabilidad no es solo una meta macroeconómica: es una necesidad ética.

4. Recomponer el endeudamiento público

La deuda externa y la deuda interna no son problemas en sí mismas. Lo que las vuelve peligrosas es su descontrol, su uso ineficiente y la falta de una visión estratégica para su manejo. Bolivia ha acumulado en los últimos años una carga financiera que, si no se aborda con seriedad, limitará la capacidad del Estado para invertir en el bienestar del pueblo y en el desarrollo productivo.

Hoy, el país enfrenta vencimientos de corto plazo, condiciones financieras adversas y una creciente dependencia de créditos de mercado con altas tasas de interés. En paralelo, los ingresos estatales han caído, el déficit fiscal persiste, y las reservas internacionales están en mínimos históricos. Esto pone al Estado en una posición frágil ante los acreedores y restringe su margen de maniobra para responder a las urgencias sociales. Frente a esto, proponemos una estrategia integral de recomposición del endeudamiento, que priorice la sostenibilidad, la soberanía financiera y el uso productivo de cada centavo que se tome prestado.

1. Reconversión de deuda de corto a largo plazo
   1. Emitiremos nuevos bonos internos y externos para refinanciar la deuda inmediata bajo mejores plazos, liberando presión fiscal en el corto plazo.
   2. Estableceremos un calendario técnico de pagos, con criterios de prioridad social, que evite recurrir a más deuda para pagar deuda.
2. Renegociación transparente de la deuda externa
   1. Iniciaremos un proceso de renegociación de deuda con los principales acreedores internacionales, multilaterales y bilaterales, en busca de plazos más amplios, tasas más bajas y condiciones más flexibles.
   2. Se priorizará el principio de corresponsabilidad: ningún acreedor debe condicionar reformas estructurales a cambio de financiamiento.
3. Acceso a créditos concesionales con fines productivos
   1. Bolivia volverá a posicionarse como un Estado confiable, pero firme. Se accederá a créditos externos solo bajo condiciones concesionales, es decir, con tasas bajas y largos plazos.
   2. Toda nueva deuda deberá estar justificada por su impacto directo en la generación de divisas, la creación de empleo o la mejora de la infraestructura estratégica.
4. Auditoría ciudadana y técnica del endeudamiento
   1. Se establecerá un mecanismo permanente de auditoría y monitoreo del endeudamiento, con participación del Estado, universidades, sociedad civil y organismos de control.
   2. Publicaremos semestralmente el estado de la deuda, su destino, condiciones y avances en los proyectos financiados.

Recomponer el endeudamiento no es solo una medida económica: es un acto de soberanía. No podemos hipotecar el futuro de las nuevas generaciones por improvisación, clientelismo o falta de planificación. Cada boliviano y boliviana tiene derecho a saber en qué se gasta cada dólar prestado en su nombre. Una economía fuerte no se mide por cuánto se endeuda, sino por cómo y para qué lo hace.

5. Orientar la economía al bienestar social

La salida verdadera y duradera de esta crisis no vendrá solo de medidas coyunturales. Bolivia necesita un nuevo modelo económico-productivo, centrado en el trabajo digno, el conocimiento, la diversificación y la justicia territorial. Esto requiere reformas estructurales profundas, planificadas con visión de país y ejecutadas con voluntad política. Este eje busca no solo estabilizar la economía, sino sembrar las bases de un nuevo ciclo de desarrollo soberano, inclusivo y moderno. Las siguientes líneas de acción marcarán nuestra ruta:

1. Facilitar las condiciones de trabajo y negocio para familias y empresas: La base del desarrollo está en el trabajo. Pero hoy, millones de bolivianos viven en condiciones de informalidad, inestabilidad y baja productividad. Nuestro gobierno impulsará un gran acuerdo nacional por el empleo y la productividad.
   1. Política nacional de empleo juvenil, con incentivos a la contratación, capacitación técnica gratuita y programas de primer empleo.
   2. Formalización masiva del empleo informal, reduciendo barreras burocráticas, flexibilizando regímenes impositivos para pequeñas unidades productivas y simplificando el acceso al seguro social.
   3. Elevar la participación laboral femenina, con medidas de corresponsabilidad familiar, apoyo a madres trabajadoras y programas específicos de empoderamiento económico.
   4. Promoción de nuevos emprendimientos productivos, con créditos accesibles, incubadoras regionales y acceso a tecnología y mercados.
2. Promover la economía del conocimiento: Ya no podemos seguir siendo un país que vive de vender materias primas. El futuro será de quienes produzcan ciencia, tecnología y valor agregado.
   1. Creación de una nueva política nacional de ciencia, tecnología e innovación, con presupuesto fijo y autonomía técnica.
   2. Fortalecimiento de las universidades públicas y centros tecnológicos en áreas como agroindustria, biotecnología, energías renovables y digitalización.
   3. Incentivos fiscales a empresas que inviertan en innovación y desarrollo.
   4. Vinculación directa entre el sistema educativo y el aparato productivo, para formar profesionales orientados a las demandas del siglo XXI.
3. Renovar las grandes empresas estratégicas del Estado: Las empresas públicas deben ser motor del desarrollo, no peso muerto. Es hora de modernizarlas, hacerlas eficientes, transparentes y conectadas al nuevo modelo económico.
   1. Auditoría y evaluación técnica del desempeño de todas las empresas estatales.
   2. Reestructuración y fortalecimiento de aquellas con rol estratégico en energía, minería, telecomunicaciones y logística.
   3. Apertura a alianzas con el sector privado y social comunitario, bajo condiciones de complementariedad, no de privatización.
   4. Identificación de nuevas ramas productivas donde el Estado pueda actuar como socio impulsor (biotecnología, producción de litio con valor agregado, petroquímica, etc.).

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