A través de un comunicado audiovisual, el vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Edmand Lara, expresó su preocupación por el nivel de endeudamiento asumido por el Gobierno y anunció que legisladores afines no aprobarán nuevos créditos externos mientras no exista información “puntual y específica” sobre su destino e impacto fiscal.
“Queremos informar al pueblo boliviano que no vamos a permitir más deuda sin un destino adecuado a esos recursos. Nosotros exhortamos a las demás fuerzas políticas a oponerse a ese crédito, porque solamente está aumentando la crisis del pueblo boliviano y es de conocimiento público que hace días nada más se han prestado plata del Banco Central, 32 mil millones de bolivianos”, señaló la autoridad, al advertir que actualmente se encuentra en agenda de la Cámara de Diputados la aprobación de un nuevo financiamiento por 100 millones de dólares, proveniente de FONPLATA.
Según Lara, la información proporcionada hasta ahora por el Ejecutivo resulta insuficiente, tanto respecto al destino específico de los recursos como sobre la capacidad real de endeudamiento del país. En su criterio, el Gobierno debe transparentar datos claros que reflejen la situación económica actual y permitan establecer si Bolivia está en condiciones de contraer nuevas obligaciones financieras.
“No se tiene claridad respecto al destino específico de dichos recursos económicos, ni sobre los programas o proyectos concretos a los cuales serán asignados”, sostuvo.
Además, agregó que el informe presidencial “se limita solamente a ser genérico, no detalla de manera precisa los fines, los alcances y los mecanismos de ejecución de este financiamiento”.
“En diciembre de la gestión anterior se aprobaron más de tres créditos, pretextos para salud, pretexto para obras, pretexto para generación de empleos, pero ahora no sabemos en qué han sido invertidos esos dineros”, enfatizó la autoridad.
Finalmente, el Vicepresidente reiteró que la posición asumida no responde a un rechazo indiscriminado al financiamiento externo, sino a la necesidad de garantizar transparencia, control y responsabilidad en el manejo de los recursos públicos.