Política

Ayer, el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, había señalado que se aceptaron cuatro denuncias contra Mendiza; sin embargo, Alave reveló hoy que son seis los procesos en contra del dirigente estudiantil de 52 años de edad.

“Me acusan de haber pedido pasaporte oficial para salir acompañado de de mi esposa a hacerme una revisión médica por COVID que casi me lleva a la tumba. No viaje, devolví los documentos, dicen que revisión médica no es tarea oficial y, además, por qué solicite visa a EEUU? Nunca viaje (sic)”, señaló Arias a través de su cuenta de Twitter, al salir de la Fiscalía.

La cuestionada  resolución - ahora anulada- definía la contratación de un perito informático y sancionar a quiénes difundan memes y “calumnias” en las redes sociales y otras plataformas digitales en  contra de Álvaro Quelali, dirigente estudiantil de la Federación Universitaria Local (FUL) y estudiante hace 20 años en esa casa de estudios.

Mendoza tiene cuatro procesos penales en su contra. Los delitos por los que se le acusan son los de Enriquecimiento Ilícito, Conducta Antieconómica, Peculado, Uso Indebido de Influencias, Beneficios en Razón del Cargo, Uso Indebido de Influencias, Usurpación de Funciones, Contratos Lesivos al Estado, Contribuciones y Ventajas Ilegítimas del Servidor Público, Uso Indebido de Bienes y Servicios Públicos.

El Ministro de Defensa aseguró que ese grupo de militares está preparado para enfrentar granizadas, nevadas, terremotos, riadas, inundaciones e incendios forestales y que están desplegados en seis unidades militares denominas Amazónico, Mamoré, Central, Andina, Chaco y Plata.

El pasado 16 de marzo, la dirigencia nacional del MAS oficializó de manera pública la expulsión de Cuéllar “con ignominia, sin derecho a la militancia ni a la representación” y, para justificar su polémica determinación, lo acusó de “transfugio político”.

Mendoza es cuestionado por prorrogarse en el poder por 10 años y cursar materias universitarias desde 1989. Ya existen cuatro demandas penales y se lo acusa de haber cometido más de seis delitos.

“Toda la solicitud ha sido remitida, a través de la cancillería, a los Estados Unidos de América esperando la respuesta del Departamento de Estado para que pueda hacernos conocer sobre la procedencia de la extradición”, afirmó el Fiscal General del Estado.

El proyecto prevé la construcción de 25.82 kilómetros de longitud con un presupuesto de 646.608.761,82 bolivianos. El diseño de construcción prevé pavimento rígido, viaducto de acceso al Aeropuerto de Alcantarí, obras civiles de la Estación de Peaje y Pesaje, tres rotondas y nueve pasarelas.

Tras una verificación en la capital cruceña, el Viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, Jorge Silva, anunció demandas penales por agio y especulación.