Política

Los mineros de Huanuni, que se movilizaron esta jornada en el centro de La Paz, con dinamitas, y hasta tomaron la sede de la Central Obrera Boliviana (COB), exigen la abrogación del Decreto Supremo 4783 - sobre transferencia de las utilidades de las empresas públicas al Tesoro General de la Nación (TGN)-, rechazan el funcionamiento de la Gestora Pública y piden la renuncia del Ministro de Minería.

“Vamos a tener 12 meses para informar los datos generales de lo que es la población a nivel departamental, a nivel municipal son 12 meses para este trabajo (…) El estudio de los resultados del censo, con diferentes temáticas, para eso nosotros nos hemos dado hasta 16 meses para poder tener los resultados por temáticas”, informó  la coordinadora general del Censo, Martha Oviedo

Expertos de organismos internacionales sugirieron no acelerar el proceso pre censal porque puede ser el principio de “problemas de cobertura” y con efectos negativos en los resultados finales.

“La Ley 065 establece con claridad que los fondos de los aportes de los trabajadores se constituyen en patrimonio autónomo, es como si estos aportes fueran a una caja que tiene un rotulo que dice intocable, ese intocable quiere decir que solo pueden invertirse para hacer crecer esos recursos y solo pueden utilizarse para el pago de pensiones”, explicó el gerente de la institución, Jaime Durán.

A diferencia de otras ocasiones, la reunión se transmite en vivo y destaca por la ausencia del Comité Interinstitucional cruceño, que aglutina al Comité Cívico, a la Gobernación, a la UAGRM, entre otros.

Minutos, antes, el secretario ejecutivo de la COB, Juan Carlos Huarachi ofreció una conferencia de prensa en la que responsabilizó al Gobierno por no socializar el Decreto 4783.

El Decreto 4783 establece que las empresas públicas aportarán una parte de sus utilidades a las políticas sociales, “previa evaluación financiera”. Los mineros consideran que va en contra de los intereses de su sector.

Desde el 16 de febrero el presidente del Comité Cívico cruceño fue beneficiado con arresto domiciliario de 21.00 a 07.00 de lunes a domingo, además debe firmar un acta cada semana en el Palacio de Justicia. Ayer, llegó a Santa Cruz, desde Cochabamba, pasadas las 22 hrs. La FELCC registró su hora de llegada y remitieron un acta al Ministerio Público.

El gobernador Fernando Camacho, el cívico Rómulo Calvo y el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), Vicente Cuéllar, ratificaron que el inicio de un paro indefinido a partir del 22 de octubre, si hasta el 21 el Gobierno no cede a sus exigencias y adelanta la realización del censo hasta el 2023.

Porfirio R. es acusado por más de una decena de delitos por los hechos del pasado 8 de septiembre, cuando cocaleros de Los Yungas tomaron y quemaron las instalaciones del ‘Mercado Paralelo’ abierto por el dirigente disidente, Arnold Alanes.