El Conamaq considera que Camacho y Calvo incurrieron, durante los 36 días de paro, en los delitos de allanamiento agravado de domicilio en la quema de las sedes de las organizaciones sociales en Santa Cruz, porte y tenencia ilícita de explosivos, instigación a delinquir, atribuirse los derechos de los pueblos, racismo, discriminación, desordenes y perturbaciones públicas y ultraje a símbolos patrios.