Política

La sede del MAS en Miraflores seguía en control del evismo, a pesar de que la nueva dirigencia del MAS ya había solicitado que se les entregue el predio.

“Es una inversión de más de 90 millones de dólares y que nosotros habíamos hecho gestiones ya con anticipación con el BID. Están muy interesados los del BID”, afirmó el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño.

“Este sabotaje económico y político que en este momento estamos atravesando, no es nuevo, sino que se ha intensificado en estos meses por la coyuntura electoral, por el año electoral que estamos viviendo”, denunció en referencia a las elecciones generales del próximo 17 de agosto. 

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) admitió el recurso de inconstitucionalidad al tipo penal de terrorismo presentado por la defensa de Camacho. La defensa del excívico y gobernador cruceño suspendido ve que  esto implica la suspensión del juicio por el caso Golpe de Estado I.

Al respecto, Efraín Suárez, miembro de Creemos, aseveró que el juicio por el caso Golpe I debe suspenderse hasta que el TCP defina la constitucionalidad o no del delito de terrorismo.

“La mayor parte de los candidatos o ya fueron autoridades o ya fueron sucesivamente candidatos a la misma posición. Yo he manifestado que soy proclive a que en Bolivia deberíamos eliminar la reelección definitivamente y eventualmente extender a un periodo de seis años el periodo presidencial”, planteó Rodríguez Veltzé.

“Ante las afirmaciones recurrentes que circulan en distintos medios y plataformas digitales, el Tribunal Supremo Electoral aclara que el Presidente de esta institución, Dr.Óscar Hassenteufel Salazar, no tiene ningún hijo o hija desempeñando funciones en el ámbito de la diplomacia ni en el Órgano Ejecutivo”, señala el comunicado del TSE.

“Yo creo que los Bolivaristas y Stronguistas tenemos que trabajar juntos para sacar a Arce del poder y que nunca vuelva y también a Crespo de Strongest. Que daño hacen los dos” (sic), señaló Claure a través de sus cuentas en las redes sociales.

Diferentes sectores económicos insisten, sobre todo, en exigir la abrogación de la disposición adicional séptima del PGE 025, misma que "faculta a las entidades competentes, activar acciones de control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos, a los actores de comercialización de alimentos, que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios de los mismos”.

“Hemos sido ingratamente sorprendidos con esta decisión del Ministerio Público, que no ha valorado la información (…) esto nos parece una muy mala apreciación. Nosotros vamos a objetar como corresponde en Derecho, tratando de preservar en todo momento, por supuesto, el derecho de las víctimas que han sido afectadas con esta actividad ilícita”, anunció la viceministra Susana Ríos.