Las autoridades del Tribunal Constitucional, Soraida Rosario Chánez Chire y Ligia Mónica Velásquez Castaños, fueron acusadas por presuntos delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, prevaricato e incumplimiento de deberes, transgresiones tipificadas en el Código Penal, por emitir el Auto Constitucional 0106/2014-CA del 13 de marzo de 2014 que puso en suspenso la aplicación de la Ley Notariado Plurinacional.