Las magistradas del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Soraida Chanez y Mónica Velásquez. Ambas autoridades fueron acusadas por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, prevaricato e incumplimiento de deberes, transgresiones tipificadas en el Código Penal, tras emitir un auto constitucional que puso en suspenso la aplicación de la Ley de Notariado.