La propuesta gubernamental que costa de 53 páginas divididas en seis partes plantea que el pacto fiscal sea entendido como el “proceso de concertación e implementación de acuerdos entre el nivel Central del Estado y las Entidades Territoriales Autónomas, con participación social de las ciudadanas y los ciudadanos para el buen uso de los recursos públicos, con el fin de hacer efectivo el ‘Vivir Bien’ conforme a los principios, garantías, derechos y obligaciones establecidos en la Constitución Política del Estado”.
