Diferentes sectores económicos insisten, sobre todo, en exigir la abrogación de la disposición adicional séptima del PGE 025, misma que "faculta a las entidades competentes, activar acciones de control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos, a los actores de comercialización de alimentos, que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios de los mismos”.