Esta medida fue criticada por los productores que aseguran que cubren la demanda interna y temen no poder competir con los precios si es que se importara carne peruana.
El documento es una respuesta a declaraciones del presidente Morales que acusó a ONGs de promover la división y aseguró que la carretera es un pedido de las comunidades.
Los demandó por privación de libertad e impedimento en el ejercicio de funciones por cercar los edificios Tobia, ex Banco del Estado y el Palacio Consistorial.