El Ministerio de Justicia también pide que la auditoría jurídica del caso establezca responsabilidades “contra los involucrados con todo el rigor de las disposiciones disciplinarias y judiciales que correspondan”.
La denuncia solicita que la investigación por el presunto fraude electoral se amplíe a estas exautoridades y también se pide un resarcimiento económico para el estado boliviano.
Ayer, el Gobierno descartó que el coronavirus esté presente en Bolivia, tras estudios que descartaron esa posibilidad en un joven de 18 años que había sido aislado en Cochabamba.
La semana pasada, el senador Omar Aguilar había denunciado que Copa – entre otros- fue “vetada” por el MAS y "desde Argentina" y por eso no fue tomada en cuenta en la lista de candidatos para las elecciones del próximo 3 de mayo.
La Cámara Baja, de mayoría masista, considera que el Gobierno y el Ministerio Público no respetan "el ordenamiento jurídico nacional y lo previsto en normas e instrumentos internacionales que garantizan derechos humanos y el derecho a la libertad".
La decisión está amparada en lo dispuesto en la Ley de Protección a Personas Refugiadas, así como en la Nota de Orientación sobre Flujo de Venezolanos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.
