Política

“Yo voy a asumir la promulgación, pues no soy la que se quiere prorrogar, no soy candidata y no estoy haciendo campaña con la pandemia”, dijo Copa en una rueda de prensa.

"Le pido a la Policía Boliviana que se prepare, porque Bolivia la necesitará trabajando para combatir las drogas, trabajando para frenar la violencia de los violentos y trabajando para frenar la delincuencia", manifestó la Jefa de Estado, en el acto de homenaje en ocasión de los 194 años de creación de la institución del orden.

Ayer, la justicia determinó detención domiciliaria y una fianza de 350 mil bolivianos para el exministro de Gobierno, quien cumple una detención preventiva en el penal de San Pedro desde enero pasado.

Según el cronograma publicado por la Alcaldía, el martes 23 de junio podrán circular personas cuyo carnet termine en número par, el miércoles 24 los que tengan documento que finaliza en número impar, el jueves 24 los pares y el viernes 25 los impares. La sanción para quienes incumplan la medida es de 250 UFV’s.

Las palabras del Gobernador de La Paz se dan un día después de que la Central Obrera Boliviana (COB) y la la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) dieran un ultimátum a Añez: viabiliza que las elecciones sean en septiembre o será sacada del poder con una “convulsión social”.

Pareja llegó a Bolivia esta semana para presentar un informe ante la canciller Karen Longaric sobre el alcance de su participación en la adquisición irregular de 170 respiradores. Fue aprehendido la noche del miércoles.

El juez también dispuso una fianza de 350.000 bolivianos para el exministro de Gobierno, que cumple detención preventiva en el penal de San Pedro desde enero pasado.

El país llegó a los 21.499 casos confirmados de coronavirus. Además, suma 697 decesos y 4.320 pacientes recuperados.

Horas antes, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, había señalado que  "el MAS ha decidido sabotear la cuarentena y desatar la violencia política y el narcoterrorismo" en el país e informó que las autoridades nacionales, lideradas por la presidenta Jeanine Áñez, se reunieron con altos mandos de la Policía y las Fuerzas Armadas para encomendarles la tarea de preservar la seguridad del país.

La norma específica que la distribución de los recursos será 78% para los gobiernos municipales y gobierno autónomos indígenas (156 millones), 15% para los gobiernos departamentales (30 millones) y 7% para las universidades públicas (14 millones).