Política

“Lo ha anunciado el presidente Luis Arce en su informe presidencial y este es el compromiso que tenemos, una reforma judicial que deje de ser algo de cuatro personas y que tenga sesgo de ser solamente un trabajo político; esta reforma es del pueblo, es de la gente, es de todos los que están afectados por actos de injusticia”, manifestó el MInistro de Justicia.

El Presidente de la Cámara de Senadores informó que existe el pedido de diputados y senadores de conformar una Comisión Especial Mixta que, al margen del trabajo que realiza el Ministerio Público, coadyuve en la investigación del caso como parte de sus atribuciones de fiscalización.

“Se conoce de forma extraoficial que esta persona ya estaría fuera del país por lo que se realizan las indagaciones correspondientes para dar con su paradero”, señaló el ministro de gobierno, Carlos Eduardo del Castillo.

Este presunto hecho de corrupción fue denunciado el 30 de noviembre por la ejecutiva de la Gobernación de Santa Cruz, Valeria Rodríguez, quien acusó a su exesposo Antonio Parada, exdirector de Recursos Humanos de la alcaldía cruceña, por el cobro de 800 ítems fantasmas durante varios años.

“Si usted ya tiene su construcción de segundo piso, usted puede continuar construyendo, lo que está prohibido son nuevas construcciones, nuevos movimientos de tierra”, explicó el alcalde de La Paz.

Sergio Zamora es investigado por contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica y otras, mientras que Luis Berkman por favorecimiento al enriquecimiento ilícito con afectación al Estado.

El Ministro de Salud señaló que son tres los elementos que se deben tomar en cuenta antes de tomar decisiones drásticas a causa de las nuevas mutaciones del virus: su transmisibilidad, la capacidad que tiene el virus de evadir las defensas y su virulencia, que es el grado de un microorganismo de producir enfermedades.

Antonio Parada Vaca, principal acusado en el caso de los 800 ítems fantasmas, negó los hechos de corrupción. Indicó que era extorsionado por su expareja, la ejecutiva de la Gobernación de Santa Cruz, Valeria Rodríguez, quien lo denunció.

El pedido de pertrechos se realizó en momentos en los que, según el actual Gobierno, se preparaba un “segundo golpe de Estado” con la participación de mercenarios extranjeros, escuadrones de Policía renegados y turbas de justicieros que buscaban impedir, inclusive con el magnicidio, que Luis Arce asuma la Presidencia.

El fideicomiso es de casi Bs 8 millones. El Ministro de Justicia mencionó que se trabajará en la elaboración de una ley que regule todas las acciones para la realización de un censo de las víctimas de las masacres de Sacaba y Senkata y la reparación de los daños.