Política

El ecreto Supremo N° 4651 indica que el carnet de vacunación se constituye en el documento oficial de carácter nacional, portable, verificable, seguro y gratuito, que acredita que los estantes y habitantes del Estado Plurinacional de Bolivia fueron vacunados contra el COVID-19, conforme al esquema de vacunación que corresponda.

El gobernador de La Paz, Santos Quispe, y su chofer, Edwin Conde M., por los presuntos delitos de uso indebido de bienes del Estado y conducción peligrosa, por lo que se solicitó la aplicación de tres prohibiciones como medidas personales.

La vacunación sí será obligatoria para que los estudiantes puedan pasar clases presenciales el próximo año. La decisión significa un cambio de opinión en el Gobierno, que hasta esta mañana parecía encaminarse a exigir la vacunación para permitir las inscripciones escolares, como había manifestado la viceministra de Seguros de Salud y Gestión del Sistema Único de Salud (SUS), Alejandra Hidalgo.

“El señor Revilla ha cobrado 260 millones de bolivianos por impuesto adelantado", lamentó el actual Alcalde de La Paz.

Según el informe de la Comisión, desde 2013 hasta 2019 existen 777 casos de los cuales 209 todavía se encuentran abiertos.

Murillo está encarcelado en Miami, Estados Unidos, acusado por los delitos de lavado de dinero y soborno en el caso de la adquisición de gases lacrimógenos con millonario sobreprecio durante su gestión de Ministro de Gobierno en la presidencia de Jeanine Añez.

“Nosotros, el día jueves vamos a tener resultados de lo que significa el proceso de secuenciación genómica que no corresponde a una toma laboratorial e inmediato resultado, es un proceso que toma su tiempo”, afirmó el ministro de Salud, Jeyson Auza.

Sosa fue aprehendida ayer, martes, acusada por los delitos de legitimación de ganancias ilícitas, enriquecimiento ilícito, conducta antieconómica y uso indebido de influencias. Se espera que en las próximas horas sea imputada para que luego un juez cautelar defina su situación jurídica.

El abogado de la parte denunciante, Julián Chura, señaló que se pide cárcel para la autoridad departamental, pero la Fiscalía solicitó medidas sustitutivas.

Al respecto, el alcalde de La Paz, Iván Arias, felicitó este martes al Gobierno porque la exigencia del certificado anticovid será un requisito nacional para la inscripción de escolares en enero. Con la decisión, dijo, se puede posibilitar el retorno a clases presenciales en febrero de 2022.