Política

La empresa debe Bs 11,9 millones a la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT), Bs 8,2 millones a Servicios de Aeropuertos de Bolivia (Sabsa), Bs 2,8 millones a la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (Aasana) y Bs 106 millones al Servicio de Impuestos Nacionales (SIN).

Según la información, la devolución de aportes no es una medida imperativa ni obligatoria. La ley promulgada por el presidente, Luis Arce, establece que es de carácter excepcional, por única vez, y que puede ser solicitada de forma voluntaria, por lo que cada asegurado debe analizar su situación financiera y, solo en el caso de ser necesario, requerir el mismo.

“Con esta determinación el Estado boliviano cumple sus compromisos convencionales y las recomendaciones internacionales para garantizar un Mecanismo Nacional de Prevención de la tortura que sea independiente”, destacó la Defensoría.

El pasado jueves, las subalcaldesas de los macrodistritos Centro, Jaqueline Chavarría, y de Mallasa, Sheyla Dávalos, denunciaron al alcalde de La Paz, Iván Arias, por proteger al subalcalde de Max Paredes, Reynaldo Olorio, a quien acusan por acoso sexual, político y laboral.

El Presidente del Estado inauguró este viernes la quinta Cumbre para la Reconstrucción Económica y Productiva en Santa Cruz.

El documento fue enviado a la CIDH la noche del jueves de parte de la Procuraduría General del Estado. No hay un tiempo definido para conocer si la Comisión otorgará o no medidas cautelares a la expresidenta Añez y su hija.

La Fiscalía de Cochabamba inició por oficio un proceso penal contra ocho policías por los delitos de instigación pública a delinquir, incumplimiento de deberes y ultraje a los símbolos nacionales.

El director jurídico de la comuna paceña, José Gonzáles, informó que el juez segundo de instrucción en lo penal, del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, resolvió enviar a la cárcel de San Pedro a Lino Ch. R. de 56 años, que fue presentado la noche del miércoles por el Gobierno y la Policía como el principal sospechoso de detonar el explosivo en la esquina de las calles Colón y Mercado.

“El Ministerio de Justicia cumple la recomendación 16.2 del Informe del GIEI para garantizar la independencia del Servicio para la Prevención de la Tortura (SEPRET) que luego de la sanción del proyecto de Ley Nº 195/2020-2021 pasa a depender de la Defensoría del Pueblo”, afirmó esa Cartera de Estado a través de su cuenta de Twitter.

Así lo confirmó el propio Samuel Doria Medina, a través de su cuenta de Twitter. El empresario señaló que su hermana fue detenida por error y que su viaje fuera del país era por motivo de salud .