Política

La Jueza de Garantía de Pozo Almonte ordenó la prisión preventiva y el ingreso de los militares bolivianos al Centro Penitenciario de Alto Hospicio, por considerar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y por considerar que es la medida idónea para asegurar los fines del procedimiento. La magistrada también fijó un plazo de investigación de 90 días.

La Fiscalía formalizó la investigación por delitos de robo con intimidación y porte ilegal arma de fuego y municiones. El persecutor solicitó la prisión preventiva de los tres imputados.

Las sanciones del Tribunal Disciplinario son por acciones referidas a peticiones escritas o verbales sancionadas en la Ley 101 por instigar a motines o huelgas de los miembros de la Policía. Las mismas faltas por la dieron baja definitiva al excomandante general de la Policía Yuri Calderón.

En un video que circula en Facebook se ve a Barrientos señalar que en CC tienen “más coincidencias con el MAS que con Creemos”. Sus palabras fueron blanco de críticas de parte del líder de Creemos y gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho quien dijo que en su partido los “principios son decisivos e innegociables”.

La empresa debe Bs 11,9 millones a la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT), Bs 8,2 millones a Servicios de Aeropuertos de Bolivia (Sabsa), Bs 2,8 millones a la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (Aasana) y Bs 106 millones al Servicio de Impuestos Nacionales (SIN).

Según la información, la devolución de aportes no es una medida imperativa ni obligatoria. La ley promulgada por el presidente, Luis Arce, establece que es de carácter excepcional, por única vez, y que puede ser solicitada de forma voluntaria, por lo que cada asegurado debe analizar su situación financiera y, solo en el caso de ser necesario, requerir el mismo.

“Con esta determinación el Estado boliviano cumple sus compromisos convencionales y las recomendaciones internacionales para garantizar un Mecanismo Nacional de Prevención de la tortura que sea independiente”, destacó la Defensoría.

El pasado jueves, las subalcaldesas de los macrodistritos Centro, Jaqueline Chavarría, y de Mallasa, Sheyla Dávalos, denunciaron al alcalde de La Paz, Iván Arias, por proteger al subalcalde de Max Paredes, Reynaldo Olorio, a quien acusan por acoso sexual, político y laboral.

El Presidente del Estado inauguró este viernes la quinta Cumbre para la Reconstrucción Económica y Productiva en Santa Cruz.

El documento fue enviado a la CIDH la noche del jueves de parte de la Procuraduría General del Estado. No hay un tiempo definido para conocer si la Comisión otorgará o no medidas cautelares a la expresidenta Añez y su hija.