El Ministerio de Seguridad, el de Justicia, y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que presentaron la primera denuncia, extendieron su acusación y pidieron la imputación del entonces canciller, Jorge Faurie, el jefe de gabinete, Marcos Peña, y el secretario de Asuntos Estratégicos, Fulvio Pompeo.