El Gobierno boliviano, a través del ministro de Desarrollo Rural, Yamil Flores, pidió al defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, ponerse a favor de la población y no defender a “unos cuantos bloqueadores”.

“Al señor Pedro Callisaya, defensor del Pueblo, tiene que defender al pueblo boliviano de este ataque, bloqueo económico y político. No es un tema social, no es un tema de la canasta familiar”, afirmó Flores en conferencia de prensa.

Flores, en ese sentido, enfatizó que el Defensor tiene que defender al pueblo y no dedicarse a “defender unos cuantos bloqueadores”.

Cuestionó que, para el Defensor del Pueblo, los bloqueadores sí tienen derechos humanos para defender, pero no para la población afectada por esas medidas de presión y que se ve afectada con desabastecimiento de los productos de primera necesidad y un incremento de los precios.

“Póngase a lado del pueblo. Defienda a los millones de bolivianos afectados sobre todo por el desabastecimiento, es un delito que están cometiendo a la cabeza de Evo Morales”, afirmó el Ministro.

Y agregó: “pedimos formalmente que el Defensor del Pueblo también defienda a la mayoría”.

Las palabras del Ministro de Desarrollo Rural llegan después de que la Defensoría del Pueblo, junto a otras 55 instituciones, emitió un comunicado en el que, entre otros puntos, insta al Gobierno a no desplegar fuerzas militares ante lo que catalogó como “manifestaciones pacíficas”, en referencia a los bloqueos evistas.

En el texto, la Defensoría insta al Gobierno “a garantizar que la actuación de la fuerza pública frente a protestas y bloqueos se rija por los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza y a abstenerse de desplegar fuerzas militares ante manifestaciones pacíficas”.

Asimismo, el pronunciamiento explica que “esta crisis sólo se puede resolver a través del diálogo y los mecanismos democráticos establecidos en la Constitución Política del Estado.  En ese sentido, es fundamental que las elecciones generales previstas para agosto de 2025 se desarrollen en un ambiente libre de presiones, amenazas, desinformación o acciones que generen temor o conflicto”.

En ese sentido, la Defensoría y las 55 instituciones firmantes exhortan a los actores políticos “a actuar con responsabilidad democrática, evitando discursos de odio y amenazas dirigidas a instituciones públicas o sociales, que inciten a la violencia, vulneren derechos humanos o alteren la convivencia pacífica”.