La organización Amnistía Internacional emitió este viernes un informe respecto a los conflictos post electorales sucedidos en Bolivia a finales del 2019 y, entre otras cosas, considera que hubo violaciones a los derechos humanos durante los sucesos y observa que esos hechos continúan en la impunidad.

El informe concluye que “durante la crisis que sucedió a las elecciones de octubre de 2019 se han registrado violaciones de derechos humanos que incluyen el uso excesivo e innecesario de la fuerza por parte de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en operaciones de orden público, incluyendo durante las protestas; ataques contra personas defensoras de derechos humanos, periodistas y personas opositoras políticas; declaraciones de altos funcionarios con amenazas y que, en ocasiones, contienen llamados a ejercer la violencia y ataques a la libertad de expresión y a la independencia judicial”.

Asimismo, el informe de Amnistía Internacional resalta su observación a que los hechos del 2019 sigan impunes y advierte que “Bolivia tiene una lamentable historia de impunidad frente a graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de derecho internacional ocurridos en el pasado”, como los hechos durante los gobiernos militares, los de Octubre de 2003, la masacre de Pando y el caso 24 de Mayo de 2008.

El informe de Amnistóia Internacional fue destacado por el Gobierno transitorio, que calificó al documento como “uno de los pocos informes responsables que hasta ahora realizaron organismos de defensa de los derechos humanos".

En ese sentido, el viceministro de Justicia, Huberth Vargas, resaltó que el informe "no solamente hace referencia a esa violación de derechos humanos, sino también en este informe se señala que existieron graves ataques contra exdefensores del Pueblo, como el señor Waldo Albarracín, que fue herido con un objeto contundente y cuya casa (luego) fue incendiada por una turba de alrededor de 400 personas".

Remarcó que  en el documento también se refiere a la violación de la libre expresión de algunos periodistas, como Casimira Lema, cuyo domicilio igual fue incendiado, además del analista Edgar Villegas y la periodista Jimena Galarza, que del mismo modo recibieron amenazas de grupos violentos.

Por otra parte, según el Ministerio de Justicia, el informe internacional solicita que se realicen las investigaciones sobre los hechos ocurridos en Sacaba y Senkata, advirtiendo que hubo un uso desproporcionado e innecesario de la fuerza.

También pide que se indague presuntas vulneraciones a la libertad de expresión en el contexto de la pandemia del coronavirus y, finalmente, realiza una serie de recomendaciones en materia de derechos humanos que están dirigidas a los candidatos presidenciales de las próximas elecciones.

Finalmente, Amnistía Internacional señaló que le preocupa los accionares tanto del anterior Gobierno del MAS como de la actual Gobierno transitorio.

Recordó que, en momentos de la crisis postelectoral, altas autoridades del gobierno anterior emitieron declaraciones que contenían llamados a ejercer acciones violentas y amenazas de cercar ciudades si los paros continuaban.

Asimismo, observó que “el gobierno interino se ha caracterizado por hechos de hostigamiento y amenaza a opositores políticos y a personas percibidas como tales, así como amenazas públicas emitidas por autoridades contra líderes políticos acusados de ‘desinformar’ y contra periodistas acusados de ‘sedición’”.

“Tal hostigamiento limita de manera indebida la libertad de expresión en el país, al generar censura hacia líderes políticos, periodistas y personas defensoras de derechos humanos, incluidos los trabajadores de salud. Esto puede ser también percibido por otros actores con poder como un peligroso mensaje de tolerancia hacia actos que amenazan o censuran opiniones contrarias y como una carta blanca para la impunidad”, alertó.