20 de mayo (El Deber).- Los 26 cruceños que son procesados en el juicio por haber llevado adelante el referéndum por el Estatuto Autonómico del 4 de mayo de 2008, pueden ser condenados a penas que van desde un año de prisión hasta diez años o más. Los acusados por la Fiscalía y la Contraloría de haber cometido los delitos de malversación, conducta antieconómica, incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, son conscientes de esta realidad jurídica, pero aseguran tener la firme convicción de que serán absueltos, en un caso que califican como político.

“Estamos seguros de que al final serán reconocidos como inocentes”, indicó la exconsejera departamental y ahora diputada electa por Santa Cruz, Rose Mary Sandoval. Ella, Carlos Rudy Dorado, asambleísta departamental electo y el gobernador Rubén Costas son las tres autoridades que pueden verse afectadas si el Tribunal Tercero de Sentencia los declara culpables, aunque sus cargos no están en riesgo aún, ya que solo los perderían cuando la posible sentencia sea ejecutoriada al final de las apelaciones que todavía se pueden hacer.

El extitular del Consejo Departamental Juan Carlos Parada aseveró tener la plena confianza de que saldrán bien parados al final del juicio y agregó que no le “temblaría el pulso para volver a hacer un referéndum en favor de los cruceños”. La exconsejera Alicia Edith Perrogón resaltó su plena confianza en Dios y dijo esperar que los jueces sean tan cruceños y bolivianos como para no castigar una acción que se hizo en favor de la región. “Espero que mañana (hoy) un 10% del millón de personas que pidió autonomía nos acompañe”, concluyó la exautoridad.

Al final de la audiencia, el gobernador Costas evitó hacer declaraciones. Para esta tarde se ha anunciado que un grupo de gremiales irá hasta el Palacio de Justicia en apoyo a los procesados.

Las conclusiones

Ayer, la fiscal Mabel Andrade, parte de los representantes del Ministerio Público que son los acusadores en este caso, pidió sentencia condenatoria para todos los acusados.

La fiscal aseguró durante su fundamentación ante los jueces Carlos René Roca, Lily Salazar y Raúl Lizarazu, que conforman el tribunal, que los procesados incumplieron las disposiciones vigentes en 2008 y malversaron fondos prefecturales para llevar adelante el referéndum. Según Andrade, el Consejo Departamental no estaba facultado para convocar esta consulta.

Al finalizar la exposición de la Fiscalía y de la Contraloría, se concluyó la audiencia, que hoy debe reiniciarse a las 9:30, para escuchar el cierre de los debates por parte de los abogados defensores. Se espera que por la tarde, en uso de su defensa material, Costas hable ante el tribunal.

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