La Paz, 25 de mayo (Oxígeno).- El procurador General del Estado, Héctor Arce, advirtió, este viernes, que la admisión de un recurso contra la Ley del Notariado por el Tribunal Constitucional (TC) pone en cuestión todo trámite de compraventa de vehículos, bienes inmuebles, testamentos y otros vigente desde el 25 de enero de la gestión en curso.

Arce aseguró que la Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) provocó un “gravísimo vacío jurídico”, hecho que en su criterio vulnera la Constitución Política del Estado (CPE), la ley del Tribunal Constitucional y el Código Procesal Constitucional.

“Una ley, como es la ley del notariado, no puede ser dejada sin efecto a priori en su totalidad, dejando en el más absoluto limbo todas las relaciones jurídicas que necesitan fe pública o de un notario”, manifestó.

“Absolutamente todos los documentos que pasan por el notario, que hacen al ejercicio de los derechos ciudadanos, a la vida cotidiana de las personas están sin ley a partir de esta disposición absolutamente ilegal”, añadió Arce.

El jueves, la ministra de Justicia, Sandra Gutierrez, aseguró que la decisión del TCP creará un vacío jurídico desde agosto, cuando rija el Código Procesal Civil, ya que no habrá autoridad judicial que atienda los juicios voluntarios, como los de herencias y divorcios.

Este jueves, Cristina Mamani, presidenta del Consejo de la Magistratura, expresó su preocupación por la suspensión de la norma  porque afectará un número indeterminado de litigantes cuando ingrese en ejecución la nueva normativa civil.

 “El Tribunal Constitucional actuó ultra-petita, vale decir, actuó mas allá de lo solicitado y eso es totalmente inconstitucional, es una aberración jurídica por parte de estos magistrados, esto es emitir una sentencia adelantada de la acción planteada”, declaró a la agencia estatal ABI.

El diputado por la alianza opositora Convergencia Nacional (CN), Juan Luis Gantier, quien presentó en febrero de esta gestión el recurso de inconstitucionalidad contra la normativa, dio a conocer las observaciones a la Ley del Notariado.

Indicó que la ley limita las atribuciones del Consejo de la Magistratura en el nombramiento de notarios, sobre todo, en la calificación. Aseguró que acciones como ésta viabilizan “la injerencia del (Órgano) Ejecutivo sobre el Judicial”. 

 La normativa también da atribuciones a los notarios para resolver divorcios sustituyendo a los juzgados con el fin de descongestionar el Órgano Judicial y favorecer al acceso a la justicia pronta.

Gantier sostuvo que en el recurso presentado ante el TC también cuestiona la sustitución de jueces por notarios públicos.

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