La Paz, 25 de mayo (Oxígeno).- El Gobierno boliviano promulgó un decreto que establece "confidencialidad y reserva" para todas las gestiones y acciones que se realicen dentro de la política exterior marítima del país, actualmente centrada en la demanda que interpuso contra Chile en la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ), según publicó este viernes, la Gaceta Oficial.

El decreto establece que "cualquier gestión relativa a la política exterior marítima que sea promovida por autoridades, ex autoridades, servidoras y servidores públicos o particulares, deberá respetar el principio de confidencialidad y reserva", señala una nota publicada en el diario digital Emol.

"Asimismo, las actuaciones que sean conducidas por éstos tendrán absoluto carácter de reserva y confidencialidad", indica la norma, que añade que la Cancillería boliviana definirá las líneas que "compatibilicen" esta disposición con los derechos constitucionales de "información, expresión y opinión".

El decreto fue promulgado poco después de que la Procuraduría General del Estado denunciara a un periodista y a la Directora del diario La Razón, de la ciudad de La Paz, por la publicación de un reportaje el 13 de abril sobre la demanda marítima presentada por Bolivia contra Chile en la CIJ de La Haya.

Emoll recuerda que el artículo se publicó dos días antes de que el presidente Evo Morales presente en abril pasado, la memoria con los alegatos jurídicos, históricos y diplomáticos para pedir un fallo que obligue a Chile a entregar una salida soberana al mar.
La defensa de los periodistas denunciados pidió la declinación de la competencia del fiscal y del juez a cargo del caso, que ahora se maneja en reserva, porque la denuncia debió tramitarse en función de la Ley de Imprenta, vigente desde 1925.

Sin embargo, un juez ordenó que el secreto de fuente sea levantado y que el periodista que escribió el reportaje revele en el plazo de tres días los nombres de quienes dieron a conocer la supuesta información reservada.

La Procuraduría ha asegurado que el objetivo de la demanda no es sancionar al medio, sino identificar a quienes supuestamente filtraron "información reservada y protegida por ley".

Por otra parte, el decreto también valida la decisión del presidente Morales, de encargar al ex mandatario Carlos Mesa (2003-2005) que explique y defienda en foros y eventos internacionales el juicio planteado contra Chile en la CIJ.

"El Presidente (...) podrá encomendar a cualquiera de los miembros del Consejo Permanente de Expresidentes, Excancilleres y otras Personalidades e Intelectuales, misiones oficiales de difusión de la política exterior o de la demanda marítima boliviana, en el territorio nacional o en el extranjero", señala la norma.