La Paz, 03 de marzo (Oxígeno).- El defensor del Pueblo, Rolando Villena, sostuvo que algunos hechos en el proceso electoral rumbo al 29 de marzo afectaron a la democracia boliviana. La desigualdad en oportunidades en los electores, la aplicación de normas sin tomar en cuenta los derechos políticos y la desinformación fueron algunos temas observados.

Villena dijo, en entrevista con el periódico digital Oxígeno.bo, que el papel del Tribunal Supremo Electoral no fue de los mejores, pese a las observaciones que la Defensoría del Pueblo hizo en referencia a las elecciones presidenciales de 2014.

En criterio del Defensor del Pueblo el TSE no garantizó las condiciones para que las personas internadas en hospitales, las con discapacidades o las de tercera edad  adquieran facilidades para votar, pese a que Villena envió una carta solicitando esas consideraciones.

“Nuestras recomendaciones apuntaban a la necesidad de mejorar la atención a las personas en situación de vulnerabilidad, porque los ciudadanos tienen los mismos derechos que cualquiera, principalmente, por el tema de la discriminación, por ejemplo adultos mayores, personas con discapacidad, privados de libertad, los enfermos en las clínicas, pero de todo eso a la fecha en estas elecciones no se cumplió nada”, informó.

“Este es un tema que a nosotros nos parece grave, porque se discrimina a los bolivianos en situaciones diferentes por situaciones ajenas a su voluntad. Ni siquiera se toma en cuenta la cantidad de adultos mayores que no estaban obligados a votar”, acotó.

“Se ha resentido a la democracia”

Si bien la gestión anterior el Tribunal Supremo Electoral recibió críticas por la falta de información, las limitaciones para el empadronamiento, la depuración de personas fallecidas en el Padrón Electoral o el rótulo “Estado Plurinominal” en lugar de  “Estado Plurinacional”, los comicios de 2015 para Villena fueron peor.

Hizo énfasis en la anulación de la personería jurídica de la alianza Unidad Demócrata (UD), caso que llamó la atención de la opinión pública debido a que 228 candidatos quedaron fuera de carrera a una semana de las elecciones. Las papeletas en las que sufragaron los benianos contenían datos incompletos, porque muchos de los postulantes ya no eran válidos y los sustitutos no figuraban en la boleta electoral.

La fuerza política fue inhabilitada de las elecciones en el Beni por difundir encuestas sin autorización del TSE, lo que de acuerdo a la ley 026 es una sanción. El inciso c) del Artículo 135, la Ley del Régimen Electoral prohíbe la difusión de estudios de opinión en materia electoral cuando “Hayan sido encargados, financiados o realizados por organizaciones políticas, candidaturas, misiones nacionales o internacionales de acompañamiento electoral y organismos internacionales”.

Asimismo, el parágrafo III del Artículo 136 referido a “Sanciones” establece que “las organizaciones políticas que difundan resultados de estudios de opinión en materia electoral, por cualquier medio, serán sancionadas por el Órgano Electoral Plurinacional con la cancelación inmediata de su personalidad jurídica”.  

 “La discriminación está tal cual, del año pasado a la fecha no ha cambiado, ha empeorado en cuando a la interpretación de la norma. Hay una tendencia muy clara, sino fundamentalista de la aplicación fría del texto de la ley, sin tomar en cuenta el contexto  y el enfoque  que da la Constitución Política del Estado en cuanto a las libertades fundamentales desde el ciudadano. Entonces qué pesa más, una ley o pesa más una constitución. Entonces esto ha resentido a la democracia”, aseguró.

El Artículo 26 de la Constitución Política del Estado indica que todas las ciudadanas y ciudadanos tienen derecho a participar libremente en la formación, ejercicio y control del poder político, directamente o por medio de sus representantes, y de manera individual o colectiva. “La participación será equitativa y en igualdad de condiciones entre hombres y mujeres.     

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