La Paz, 21 de marzo (Oxígeno).- El Subprocurador de Defensa y Representación Legal del Estado, Pablo Menacho, informó que se conformará una comisión interinstitucional junto con la sociedad civil, para revisar la legislación comparada y experiencia de países de la región, con la finalidad de aportar al proyecto de ley que creará la Comisión de la Verdad, la cual investigará la época de las dictaduras en Bolivia.

Menacho recordó que el 16 de diciembre del año 2013 la Cámara de Senadores aprobó en grande y detalle el proyecto de ley para la conformación de la Comisión de la Verdad, el cual se quedó en revisión por la Cámara de Diputados y ahora busca ser repuesto y mejorado.

“Se conformará una comisión interinstitucional que incluye a la sociedad civil a objeto de revisar la legislación comparada y experiencias de otros países en la creación de comisiones de la verdad, como ser la Argentina, Chile y Brasil, con el objetivo de enriquecer el proyecto de Ley para que sea considerado por los asambleístas para su aprobación”, afirmó Menacho.

La decisión de retomar el proyecto de ley para conformar la Comisión de la Verdad, surge tras la Audiencia sostenida ante Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH, que se llevó a cabo el pasado miércoles en Washington, y en la que estuvieron presentes en representación del Estado, el embajador de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Diego Pari, la Ministra de Justicia Virginia Velasco y el Subprocurador Pablo Menacho.

En la oportunidad la Presidenta de la CIDH, Rose-Marie Belle Antoine, destacó la presencia de las autoridades nacionales, lo que a su criterio es una buena señal de que el Estado tiene la intención de atender, en este caso, a las víctimas de la dictadura.

“Cuando un Ministro de Estado viene personalmente a estas audiencias, es algo que nosotros valoramos positivamente”, señaló Antonie.

Respecto a la atención de los pedidos para las víctimas de la dictadura, la Ministra Velasco, resaltó los avances de los últimos tiempos con relación a la reparación, búsqueda, identificación y entrega de desaparecidos forzados, desde la creación del consejo Institucional para el Esclarecimiento de Desapariciones Forzadas (CIEDEF).

Asimismo, recalcó la labor de reparación a víctimas, indicando que “el Gobierno del Presidente Evo Morales aprobó la reparación integral a un número de 1.714 beneficiarios declarados víctimas de violencia política, inicialmente en un 20 por ciento, lo que tuvo un costo de $us 3,6 millones.”