La Paz, 9 de marzo (Oxígeno).- El viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Alfredo Rada, planteó este lunes que la Central Obrera Boliviana (COB) sea un ente fiscalizador de las actividades económicas que se desarrolla dentro del Fondo Indígena, tras la reestructuración de ese organismo indígena.

Indicó que la fiscalización al Fondo Indígena es ejecutada por el Ministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción y la Contraloría General del Estado, mientras que el control social es realizado por las propias organizaciones sociales a partir de las bases.

“Yo me animaría a ir un poco más allá, ese control social podría ampliarse a otros movimientos sociales que sin ser parte del Fondo Indígena, podrían ser parte del control social del Fondo Indígena como por ejemplo la Central Obrera Boliviana, entonces hay que debatir y lo vamos a hacer son las organizaciones del Pacto de Unidad”, sostuvo.

Remarcó que la reestructuración del Fondo Indígena debe abarcar principalmente los mecanismos de fiscalización y control social del Fondo. “Se van a tener que definir en la restructuración del Fondo Indígena de cómo encontrar mecanismos de control social que permita que ese Fondo continúe sin ningún riesgo de que haya malos manejos de recursos”, agregó.

El 12 de febrero el contralor general del Estado, Gabriel Herbas, informó se detectó un daño económico de al menos Bs 71 millones en 153 proyectos que nunca fueron ejecutados, pero que sí recibieron recursos públicos como parte de pagos anticipados.

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