Día negro para los magistrados ‘autoprorrogados’ del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

Y es que el mismo día en el que, finalmente, decidieron ceder al clamor popular y dejar sus funciones en un plazo máximo de 10 días, una Sala Constitucional de Potosí ordenó que el cese de sus cargos sea de manera inmediata, mientras un tribunal de La Guardia, en Santa Cruz, ordenó la aprehensión de los cinco magistrados que se prorrogaron en sus cargos desde 2023.

Este martes, se resolvieron tres acciones populares contra los magistrados ‘autoprorrogados’ del TCP, quienes culminaron su gestión el 2023, pero emitieron resoluciones para mantenerse en el cargo.

En ese sentido, la Sala Constitucional de Potosí dispuso el cese inmediato de los cinco ‘autoprorrogados’ del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y determinó que se suspenda el pago de salarios y sean escoltados por personal administrativo de ese alto tribunal.

“En consecuencia, dispone dar curso a la cesación de la cancelación de los sueldos a los magistrados accionados: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano, René Yván Espada Navía, Julia Elizabeth Cornejo Gallardo, Isidora Jiménez Castro y Karem Lorena Gallardo Sejas. A partir de la presente resolución, deben ponerse en conocimiento del ministerio correspondiente del Órgano Ejecutivo a efectos de su ejecución”, señala la primera parte de la resolución.

Asimismo, dispuso que “las autoridades accionadas puedan hacer dejación de su función en el Tribunal Constitucional Plurinacional y esto sea necesariamente con intervención, obviamente, del personal administrativo de dicho Órgano, además de la presencia de autoridades llamadas por ley a efecto de verificar el tema de los bienes que están siendo utilizados y que se vayan a dejar bajo inventario y que se ha señalado en la presente acción popular”.

La autoridad constitucional aseveró que desde la emisión de la resolución constitucional 0049/2023 de diciembre de 2023 los ‘autoprorrogados’ pusieron fecha al límite de su mandato, que era las elecciones judiciales, pero que insistieron en mantenerse en sus cargos después del proceso y además emitieron otras resoluciones en las que los beneficiarios eran ellos mismos.

Relató que los cinco ‘autoprorrogados’ emitieron una y otra vez resoluciones para preservar los cargos y que esas resoluciones ya no tenían validez porque su mandato fue limitado por las elecciones judiciales de diciembre de 2024.

Minutos después, el juez Rodrigo Aldo Vedia Espinoza, que está a cargo del Juzgado de Instrucción primero del municipio de La Guardia, emitió cuatro órdenes de aprehensión contra los magistrados ‘autoprorrogados’ Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano, Rene Yvan Espada Navia, Julia Elizabeth Cornejo Gallardo y Karem Gallardo.

“Para ser conducidos ante el módulo policial de la Guardia y luego ser puesto a disposición del suscrito juzgador a objeto de resolver la presente acción popular”, señala la resolución judicial.

En paralelo, se conoció que la Sala Constitucional Cuarta de Santa Cruz también determinó el cese de todos los magistrados que se prorrogaron en sus cargos, dejando sin efecto cualquier resolución emitida por estos a partir de la decisión asumida en la Sala Constitucional.

Finalmente, a última hora de la tarde también se conoció de la alerta migratoria que lanzó la fiscalía de Sucre, donde los autoprorrogados tienen un proceso penal que ya está admitido y tiene control jurisdiccional a cargo de un juez.

Horas antes, el TCP había informado que a través del Auto Constitucional 0087/2025 se dispuso el cese de los magistrados que se prorrogaron en sus cargos desde el 2023.

A través de un comunicado publicado en sus cuentas en las redes sociales, se especifica que los prorrogados deberán dejar sus cargos en los siguientes 10 días hábiles, “tiempo necesario para el despacho de causas pendientes de resolución”.

“Ante un nuevo contexto constitucional con la conformación y vigencia de una nueva Asamblea Legislativa Plurinacional este Tribunal ha visto la necesidad material de emitir el auto constitucional plurinacional 0087/2025-0 que dispone la finalización de la prórroga de las máximas autoridades, que por disposición del punto Cuarto de la DCP 0049/2023, continuaron con sus funciones después del cumplimiento de su mandato de seis años”, se lee en el pronunciamiento.

El Tribunal Constitucional especifica que los magistrados que cesarán sus funciones son Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano, René Yván Espada Navia, Isidora Jiménez Castro, Julia Elizabeth Cornejo Gallardo y Karem Lorena Gallardo Sejas del TCP; además de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Ricardo Torres Echalar y Carlos Alberto Egüez Añez.

// Oxígeno con información de El Deber