El presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y relator para Bolivia, José Luis Caballero, advirtió este miércoles que la anulación de los juicios relacionados a las ‘masacres’ de Sacaba y Senkata ocurridos el 2019 se constituye en un “golpe fuerte para las víctimas, la sociedad, el trabajo que viene haciendo la CIDH y la institucionalidad en Bolivia”.

“La anulación de los actuados puede ser un retroceso en la búsqueda de justicia para las víctimas de graves violaciones de derechos humanos, compromete obligaciones del Estado y supone una revictimización”, alertó durante una audiencia pública desarrollada en Estados Unidos.

En ese sentido, Caballero señaló que “hay un eje en la conducción de un nuevo Gobierno que está tomando conocimiento” de la situación y advirtió que “no es una cuestión menor el hecho de la anulación de estas causas”.

Además, recordó que tanto la CIDH como la ONU Derechos Humanos en América del Sur (ONU Derechos Humanos) emitieron un comunicado el 12 de septiembre en el que expresaron su preocupación debido a los fallos judiciales referidos a las mascares de Sacaba y Senkata que, advierten, “puede representar un retroceso en la búsqueda de justicia oportuna y adecuada para las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos”.

Ambos organismos internacionales expresaron su preocupación respecto a las decisiones del Tribunal de Sentencia Nº 4 de El Alto y del Tribunal Primero de Sacaba, que declararon la nulidad de los procesos contra policías y militares “sindicados por las graves violaciones de derechos humanos cometidas en el contexto de las masacres de Senkata y Sacaba en 2019”.

La CIDH y la ONU DDHH, en ese sentido, también alertaron que los jueces a cargo de los procesos judiciales por los casos de Senkata y Sacaba, respectivamente, ordenaron la anulación de los expedientes judiciales por incompetencia en materia y dicha decisión también generó el rechazo de instituciones como la Defensoría del Pueblo debido al “riesgo de que estas decisiones generen impunidad y vulneren el derecho de las víctimas al acceso a la justicia de manera pronta y oportuna”.

Asimismo, los organismos alertaron que las recientes decisiones judiciales se constituyen en un “serio obstáculo” para implementar las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para Bolivia (GIEI-Bolivia), y otras instituciones, para la búsqueda de “verdad, memoria y justicia” sobre los hechos del 2019.

Las decisiones judiciales de los casos de las llamadas masacres de Sacaba y Senkata, entre los que se incluye las disposiciones de que la expresidenta Jeanine Añez sea procesada a través de un juicio de responsabilidades y no en un proceso ordinario, se dieron después de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) instruyera la revisión de los plazos procesales de las detenciones preventivas de Añez, el gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho, y el exlíder cívico potosino, Marco Pumari.

En consecuencia del instructivo, Añez, Camacho y Pumari recuperaron su libertad tras ganar distintos procesos que se seguían en su contra por diversos casos.

Al respecto, la Defensoría del Pueblo informó, respecto a los hechos del 2019, que de los 88 procesos abiertos, 17 fueron rechazados, dos anulados, particularmente los de Sacaba y Senkata, debido a “múltiples nulidades y decisiones contradictorias y la incorrecta aplicación y tardía activación de la Ley N°044 que regula la sustanciación y formas de resolución de juicios a autoridades de Estado”.

El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, cuestionó que los mismos operadores de justicia ahora indiquen que el procedimiento aplicado (juicio ordinario) no fue el adecuado y lo estén reconduciendo a un juicio de responsabilidades.

“Se corre el grave riesgo de que la investigación no continúe, la Asamblea Legislativa Plurinacional debe autorizar el procesamiento, sino será una situación desventajosa para las víctimas y los detenidos preventivos. Ahí se ve, la vulneración del debido proceso, se genera una inseguridad jurídica y finalmente hay un incumplimiento del Estado a las recomendaciones del GIEI”, puntualizó.

El informe defensorial refiere que las medidas de reparación tiene avances limitados: en salud, 389 víctimas y familiares incorporados al SUS, pero no tienen atención diferenciada ni psicológica especializada; en educación, de 139 becas otorgadas, solo 49 efectivamente utilizadas; sobre el fideicomiso productivo, falta datos públicos y los requisitos son inaccesibles; en vivienda, de 140 solicitudes evaluadas, solo fueron 19 aprobadas; en inserción laboral, de 67 personas incorporadas solo 52 continúan activas.

Por su parte, las familias de Sacaba y Senkata participaron de forma presencial de la audiencia en la CIDH y manifestaron su rechazo a los cambios en los procesos judiciales.

El asesor de las víctimas, David Inca, sostuvo que la anulación de los juicios representa un “mecanismo de impunidad”.

“No nos interesa cómo haya asumido el cargo (Áñez). Lo hecho es que en su gobierno hubo ejecuciones sumarias, masacres, torturas… sobre eso tiene que responsabilizarse”, afirmó.

Una familiar indicó que el “juicio de privilegios nos deja sin acceso a la justicia”, y pidió la intervención de instancias internacionales para garantizar esto.

El Gobierno

Durante la sesión de la CIDH, el Gobierno, a través del ministro de Justicia, Freddy Vidovic, quien participó de manera virtual, reafirmó su voluntad de implementar las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre los hechos de violencia de 2019 en Bolivia.

“El Gobierno del Estado comprende la situación y preocupación de las víctimas. Sin embargo, ratifica la voluntad del Ministerio de Justicia, en el marco de sus atribuciones, para seguir coordinando con otros entes estatales la implementación de las recomendaciones en lo que concierne a las investigaciones de los hechos de violencia del año 2019”, dijo el ministro de Justicia, Freddy Vidovic, durante su intervención virtual.

Ratificó que la actual administración gubernamental de Rodrigo Paz apunta a ejecutar las 36 recomendaciones emitidas por el GIEI y destacó la Política Plurinacional de Reparación Integral, vigente desde 2023.

Vidovic explicó que esta política para las víctimas de graves violaciones de derechos humanos incluye seis líneas estratégicas —rehabilitación, compensación, garantías de no repetición, investigación, sanción y prevención— y que al menos 21 instituciones del Estado reportaron acciones concretas en favor de las 666 víctimas directas identificadas.

También abordó las recientes decisiones judiciales que anularon los juicios ordinarios sobre las muertes en Sacaba y Senkata y aclaró que los casos serán tramitados por la vía del juicio de responsabilidades, según la Ley 044.

“En ambos casos (Sacaba y Senkata), la Justicia Ordinaria determinó la vía del juicio de responsabilidades para la exsenadora (y expresidenta Jeanine) Áñez y la anulación de otros procesos vinculados”, añadió.

Sobre la anulación de la sentencia contra Áñez por su nombramiento en 2019, Vidovic subrayó que responde a lo determinado por el Tribunal Supremo de Justicia en su Auto Supremo 011/2025.

En ese contexto, agregó que se definió la devolución de los obrados y documentos presentados por las partes como medio de prueba ante el juzgado de origen, para que la autoridad jurisdiccional remita los antecedentes a la Fiscalía General del Estado para que el proceso sea tramitado de acuerdo a la Ley 044.

“Las acciones ordinarias se encuentran abrogadas. Sin embargo, la vía constitucional permite a la asociación de víctimas plantear aún un recurso constitucional denominado acción de amparo constitucional y la ley establece un plazo de seis meses para su presentación, encontrándose dentro de él para la presentación y la activación de la misma”, precisó.

Vidovic garantizó que el Ministerio de Justicia mantendrá la apertura ante la solicitud de cualquier información que sea necesaria para la organización junto a otros órganos del Estado.