La Confederación de Choferes de Bolivia expresó su rechazo a la “Ley Corta Excepcional y Transitoria para Garantizar el Abastecimiento de Diésel y Gasolina en Situación de Emergencia”, propuesta por el Comité Cívico pro Santa Cruz, advirtió que se trata de un “ensayo” para aplicar un gasolinazo” y advirtió con bloquear las calles y carreteras en defensa de la subvención de los hidrocarburos.

En conferencia de prensa, el máximo dirigente de la Confederación de Choferes, Lucio Gómez, lamentó que la Ley haya sido sancionada por la Asamblea Legislativa y promulgada por el Gobierno y aseveró que su sector no permitirá su reglamentación.

Según Gómez la Ley “contradice al pueblo boliviano” y terminará siendo perjudicial, por lo que, amenazó, no permitirán su comercialización en los surtidores.

“Sabemos que esta ley que está dando a solicitud del Comité Cívico pro Santa Cruz a las empresas privadas afectará al pueblo boliviano. Es un ensayo para que exista un gasolinazo, no vamos a permitir que se reglamente, que se venda en todos los surtidores del país”, señaló Gómez.

El representante de los choferes, en ese sentido, exigió que el Gobierno “cumpla su compromiso de distribuir diésel y gasolina” y dejó en claro que su sector estará en las calles y carreteras si se llega a aplicar la norma.

“No vamos a aceptar que levanten la subvención”, cerró.

Ayer, lunes, el presidente del Estado, Luis Arce, informó que promulgó la “Ley Corta Excepcional y Transitoria para Garantizar el Abastecimiento de Diésel y Gasolina en Situación de Emergencia”, propuesta por el Comité Cívico pro Santa Cruz, y a pesar de “ciertas observaciones” de parte de su Gobierno y de las diferencias políticas.

El Jefe de Estado recalcó que su Gobierno tiene “observaciones” a la Ley, como, dijo, que no toma en cuenta “factores de carácter operativo, importantes para garantizar la distribución de combustible en nuestro país, que no están consideradas en la norma”.

La norma

El objeto de la norma es implementar medidas excepcionales que permitan, por tres meses, la importación e internación de diésel, gasolina y GLP por operadores privados, garantizando el abastecimiento nacional ante situaciones de emergencia.

La normativa autoriza a personas naturales o jurídicas privadas la importación y comercialización de estos combustibles en el mercado interno, bajo la supervisión de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) deberá priorizar la entrega del carburante estatal e informar con anticipación las capacidades de suministro.

En caso de que YPFB no cubra el 100% de la demanda, las empresas podrán importar o adquirir diésel y gasolina a un precio diferenciado, bajo un régimen de libre competencia. Además, la ANH otorgará la Licencia Excepcional de Importación y Despacho Directo (LEIDD) mediante una ventanilla digital única, con un plazo máximo de 48 horas hábiles; se aplicará el principio de silencio positivo si no hay respuesta dentro del plazo.

La ley también libera del pago del Impuesto a la Transferencia (IT) y del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a las importaciones bajo este régimen temporal. Las estaciones de servicio podrán comprar el combustible a un importador autorizado o importar directamente desde frontera, con autorización para comercializar hasta 19.900 litros de diésel.

Para garantizar la transparencia, la ANH implementará control mediante monitoreo GPS en tiempo real, publicará diariamente los datos de importación y supervisará la calidad del combustible. Las infracciones como acaparamiento, adulteración o especulación serán sancionadas con multas, suspensión de licencia y, en su caso, denuncia penal.