Después de que la Fiscalía de Tarija emitiera una orden de aprehensión en contra del presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, acusado de “contrabando de exportación agravado” de combustible, con un daño económico de 14 millones de dólares, salieron en su defensa tanto desde la estatal petrolera como la Aduana Nacional y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).

Según la orden de prehensión que se difundió en las últimas horas, la denuncia fue presentada por Rodrigo Acuña Sánchez, quien es identificado como administrador de  la Aduana Nacional en la Frontera  de Yacuiba y la orden de aprehensión fue emitida por el fiscal Yeison Américo Plata Maldonado.

No obstante, las instituciones aseguraron que las exportaciones de gas natural se realizaron conforme a la normativa vigente

Por una parte, desde Aduana señalaron que la denuncia fue hecha por exfuncionarios de la institución, quienes habrían sido destituidos horas antes de presentar la denuncia contra Dorgathen.

En conferencia de prensa, la presidenta ejecutiva de la Aduana Nacional, Karina Liliana Serrudo Miranda, aclaró que la denuncia fue realizada sin autorización institucional.

Serrudo aseguró que los exfuncionarios "actuaron a nombre de la Aduana Nacional cuando ya no formaban parte de la institución" y presumió que lo hicieron como un acto de venganza tras ser alejados de sus funciones.

“Nos sorprendió que la denuncia fuera presentada el mismo día en que los funcionarios fueron desvinculados de la institución. Usaron el logo y sellos oficiales sin autorización, lo que constituye usurpación de funciones. La Aduana se querellará contra ellos”, anunció Serrudo.

Por su parte, el gerente de Contratos de Exportación de Gas de YPFB, Óscar Claros, afirmó que las operaciones de exportación a Argentina y Brasil se desarrollan bajo control aduanero, fiscalización de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y en cumplimiento de la Ley 3058 de Hidrocarburos.

“Todas nuestras exportaciones son legales. No existe contrabando ni daño económico alguno. Por la operación observada, YPFB recibió 14 millones de dólares facturados, depositados en las cuentas oficiales del Banco Central de Bolivia”, sostuvo Claros.

Serrudo, en la misma línea, aclaró que el Decreto Supremo 28174 exime expresamente a las exportaciones de gas destinadas a Brasil y Argentina de requerir permisos adicionales, lo que confirma la legalidad de la operación.

Lo expresado también fue confirmado por Joel Callaú, director ejecutivo de la ANH, quien además recordó que esta institución es la única encargada de emitir las autorizaciones respectivas para la exportación de hidrocarburos.

“La ANH regula y fiscaliza toda la cadena de hidrocarburos. En este caso, las exportaciones de gas a esos dos países se encuentran debidamente autorizadas y cumplen con todos los requisitos legales”, aclaró.

// Oxígeno con información de Brújula Digital