La justicia extingue el ‘caso Decretazo’ que se seguía en contra de Fernando Camacho
El proceso del “Decretazo” está relacionado con la emisión de un decreto departamental mediante el cual Camacho, antes de viajar al exterior, designó como autoridad interina al secretario de Gestión Institucional de la Gobernación en lugar del vicegobernador, Mario Aguilera, lo que derivó en la apertura de la investigación penal.

Una nueva decisión judicial a favor de Fernando Camacho. En una audiencia desarrollada la mañana de este jueves, un Tribunal de Santa Cruz dispuso la extinción del denominado ‘caso Decretazo’ que se seguía en contra del Gobernador de ese departamento.
El proceso del “Decretazo” está relacionado con la emisión de un decreto departamental mediante el cual Camacho, antes de viajar al exterior, designó como autoridad interina al secretario de Gestión Institucional de la Gobernación en lugar del vicegobernador, Mario Aguilera, lo que derivó en la apertura de la investigación penal.
En este caso, Camacho estaba imputado por el delito de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes.
Durante la audiencia de este jueves, cabe señalar, se registraron incidentes entre los seguidores de Camacho y Aguilera que se lanzaron acusaciones generándose tensiones y un cruce de palabras entre ambos bandos.
Camacho, cabe recordar, salió de la cárcel de Chonchocoro de La Paz semanas atrás tras casi tres años de detención preventiva. La libertad del Gobernador cruceño se dio tras recibir distintos fallos judiciales a su favor a raíz del instructivo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) respecto a verificar el cumplimiento de los plazos de su detención preventiva, además de la de la expresidenta Jeanine Añez y el exlíder cívico potosino, Marco Pumari.
Por ejemplo, recibió detención domiciliaria dentro del caso ’Golpe I’ y también por el paro de 36 días que lideró el 2022 por el censo.
Además, la semana pasada la Fiscalía confirmó la emisión de una Resolución de Sobreseimiento a favor de Camacho, y, así, cerró el proceso penal denominado “caso notaría”, en el que era investigado por presuntos delitos de falsedad ideológica y usurpación de funciones.