El procurador general del Estado, Ricardo Condori, confirmó este domingo que el exministro de Gobierno, Arturo Murillo, no devolvió los recursos económicos relacionados con el caso “gases Brasil”, en el que se identificó un daño al Estado superior a los $us 2 millones.

La autoridad anunció que, una vez se ejecuten las sentencias correspondientes, se activará una demanda de reparación civil.

“(Murillo) no ha devuelto (el dinero) y de hecho, solamente en el caso denominado gases Brasil, lo que constituye es un daño económico de más de 2 millones de dólares”, señaló Condori en entrevista con Bolivia TV.

La autoridad explicó que el caso “gases Brasil” se refiere a una contratación irregular para la adquisición de agentes químicos, en la cual ya existen observaciones previas por parte de la Contraloría General del Estado, particularmente sobre un presunto sobreprecio que ocasionó el millonario daño económico.

“Solamente en el caso denominado ‘gases Brasil’ se ha determinado un daño económico de más de dos millones de dólares. Ya se había observado este proceso de contratación, y producto de esa situación, el Estado boliviano, una vez que se ejecutorien dichas sentencias, va a presentar inmediatamente la demanda de reparación civil”, enfatizó.

Condori precisó que, una vez iniciado ese proceso, se procederá a solicitar la ejecución de medidas cautelares de carácter real sobre los bienes del exministro Murillo, actualmente bajo investigación por corrupción y otros delitos.

Por este caso, el pasado sábado, el Tribunal Sexto de Sentencia Anticorrupción y Violencia contra la Mujer de La Paz determinó la detención preventiva por seis meses del exministro de Gobierno Arturo Murillo, en el penal de San Pedro

El procurador general del Estado, Ricardo Condori, informó que la Procuraduría presentó una apelación contra la resolución judicial, solicitando que Murillo sea recluido en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, en atención a los riesgos procesales que representa.

La decisión fue asumida tras la audiencia realizada en la ciudad de La Paz, luego del retorno de Murillo a territorio boliviano, tras ser deportado desde Estados Unidos el pasado jueves.

Murillo fue uno de los principales operadores políticos durante el Gobierno de Jeanine Áñez. En mayo de 2021 fue detenido en Estados Unidos, acusado y luego condenado por lavado de dinero y sobornos vinculados a la compra irregular de material antidisturbios, proceso que generó un daño económico millonario al Estado boliviano.

El caso, conocido como “Gases Brasil”, está relacionado con la adquisición con sobreprecio de agentes químicos por $us 5,6 millones, realizada a través de la empresa intermediaria Bravo Tactical Solutions.

Las investigaciones determinaron un sobreprecio de $us 2,3 millones, cuyos fondos fueron transferidos al sistema financiero estadounidense, lo que activó las alertas internacionales y derivó en su captura y proceso penal en el extranjero.

Cabe recordar que el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, detalló que son 15 los procesos contra Murillo. 10 se encuentran en juicio oral, es decir, con acusación formal; 2 en etapa preparatoria con imputación formal que debe resolver un juez cautelar; y 3 en etapa preliminar, donde los fiscales decidirán emitir o no la imputación formal.