Tras haber sido deportado de los Estados Unidos y llegar a Santa Cruz durante la madrugada de este jueves, el exministro de Gobierno, Arturo Murillo, fue trasladado a La Paz. La exautoridad, uno de los hombres fuertes en la gestión de Jeanine Añez, arribó al Aeropuerto de El Alto después de mediodía e inmediatamente fue llevado a celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC). Tiene dos sentencias ejecutoriadas en su contra y al menos otros ocho procesos penales.

Con un fuerte contingente policial, Murillo arribó a instalaciones de la FELCC aproximadamente a las 13:00 de este jueves. Se espera que entre hoy y mañana se defina su situación jurídica en audiencia de medidas cautelares.

Murillo fue deportado desde Estados Unidos. En ese país, estuvo encarcelado desde mayo de 2021 acusado de conspiración, junto a sus cómplices, por lavado de dinero y sobornos, relacionados con la compra irregular de material antidisturbios en Bolivia.

Fue liberado el 21 de junio pasado, tras beneficiarse con una reducción de su pena debido a su “buena conducta”. Tras salir de la cárcel, fue llevado a un centro de detención migratoria, desde donde se concretó su deportación.

En el país, Murillo tiene dos sentencias ejecutoriadas. Fue condenado a ocho años de prisión por el denominado caso “gases lacrimógenos”, que se refiere al ingreso irregular de armamento desde ese país en  2019. Su condena es de cinco años y cuatro meses.

La segunda sentencia es de cinco años con cuatro meses de prisión por el ingreso irregular de armamento no letal al país desde Ecuador.

Además de sus dos sentencias, el exministro también enfrenta otros procesos penales, uno de los más importantes por las masacres de Senkata y Sacaba, donde fueron asesinadas más de 20 personas por impactos de bala en una operación policial-militar contra movilizaciones sociales.

Otros casos

Arturo Murillo afronta al menos otros ochos procesos penales en el país. Según información del portal Visión 360, éstos son:

Por el caso Horcones, admitido por la Fiscalía el 17 de mayo de 2021. Murillo es el principal investigado por la desaparición de 400 kilos de droga incautada y que debía ser incinerada. El operativo contra el narcotráfico en el que se decomisó dichos estupefacientes se realizó en diciembre de 2019, en la frontera con Chile.

El 7 de mayo de 2021 el entonces ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, presentó ante la Fiscalía de Santa Cruz un proceso en contra de su antecesor por “impedir la extradición” del narcotraficante Einar Lima Lobo a Brasil.

El 22 de abril de 2021, la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) presentó ante la Fiscalía de La Paz una denuncia penal por allanamiento, estorbar o impedir el ejercicio de funciones, manipulación informática, alteración, acceso y uso indebido de datos informáticos.

Pero también están los procesos por difamación. El 17 de diciembre de 2020, Jhonny Aguilera, ahora viceministro de Régimen Interior y Policía, presentó una denuncia por calumnia y difamación. El caso fue abierto luego de que Murillo acusara a Aguilera de realizar una “persecución” en su contra.

Asimismo, el 31 de marzo de 2021, la exautoridad fue declarada en rebeldía dentro del proceso por difamación, en el caso bebé Samanta.  La denuncia fue presentada en 2020 por la mujer que fue identificada pública y equivocadamente por Murillo como la raptora de una pequeña niña. Hace unas semanas, se anunció que el caso fue reactivado y que se pidió un resarcimiento de al menos 100.00 dólares.

Murillo tiene, además, 49 procesos administrativos, entre los que se encuentran contrataciones estatales que fueron direccionadas o se mal usó los recursos que podían ser usados en la emergencia sanitaria que vivía el país en 2020. Uno de los casos que llamó la atención es el pago de 449 mil bolivianos para la compra de talco para pies, durante el pico mayor de la pandemia.