La Dirección General de Régimen Penitenciario emitió este martes un comunicado oficial para desmentir las acusaciones realizadas por el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, respecto a supuestos cortes de agua y represalias durante su detención preventiva en el Centro Penitenciario de Chonchocoro, ubicado en el municipio de Viacha, en el departamento de La Paz.

“El suministro de agua y los servicios básicos se gestionan de manera colectiva para toda la población privada de libertad, sin distinciones ni tratos diferenciados”, señala parte del comunicado.

El gobernador cruceño denunció presuntas “torturas blancas” durante sus casi tres años de reclusión, asegurando que le cortaron el agua por cinco días, limitaron su salida para tomar sol y restringieron su alimentación, lo que habría provocado pérdida de peso.

Régimen Penitenciario afirmó que las denuncias de Camacho carecen de fundamento y tienen un trasfondo político.

En el comunicado, la Dirección General resaltó la importancia de informar a la población para “preservar la verdad, proteger la institucionalidad y cumplir con los compromisos irrenunciables en defensa de los derechos humanos”.

Además, recordó que durante la detención de Camacho, organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Subcomité para la Prevención de la Tortura (SPT) y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) realizaron visitas de inspección al penal, recomendando al Estado boliviano mantener condiciones dignas de detención y confirmando el cumplimiento de estándares internacionales.

Asimismo, instituciones nacionales como la Defensoría del Pueblo realizaron visitas regulares al Centro Penitenciario de Chonchocoro, sin registrar quejas formales ni emitir informes que respalden las afirmaciones sobre interrupciones en servicios básicos o tratos diferenciados.

Así, la Dirección General de Régimen Penitenciario condenó enfáticamente la utilización política de su gestión y ratificó que todas las acciones en los recintos penitenciarios se realizan conforme a la normativa legal vigente y con respeto absoluto a los derechos humanos.

Camacho fue detenido hace dos años y ocho meses siendo uno de los principales acusados dentro del denominado ‘caso Golpe de Estado I’, relacionado con los hechos de violencia ocurridos a finales del 2019 y que derivaron en la renuncia de Evo Morales, acusado de fraude electoral.

No obstante, y tras varias solicitudes rechazadas en estos años, Camacho finalmente recuperó su libertad tras ser favorecido por la justicia en cuatro procesos en cinco días.

La semana pasada, distintos tribunales otorgaron la detención domiciliaria para Camacho por el caso denominado como ‘Golpe de estado I’, referido a los hechos de violencia del 2019, y también por el referido al paro de los 36 días que lideró el 2022 por el censo.

A eso suma que consiguió su libertad por el ‘caso Decretazo’, referido a la emisión de un decreto departamental mediante el cual Camacho, antes de viajar al exterior, designó como autoridad interina al secretario de Gestión Institucional de la Gobernación en lugar del vicegobernador, Mario Aguilera; y también por el caso ‘carro bombero’, en el que se investiga la presunta adquisición irregular de un carro bombero por parte de la Gobernación de Santa Cruz, por un valor de Bs 1.730.000, que no habría cumplido con los requisitos técnicos exigidos por la Policía Boliviana y que no fue entregado en el plazo estipulado.

Las audiencias judiciales se produjeron días después de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) instruyera la revisión de cumplimiento de plazos de las detenciones preventivas de Camacho, de la expresidenta Jeanine Añez y ex líder cívico potosino, Marco Pumari.