El ministro de Medio Ambiente, Álvaro Ruiz, lamentó la falta de respuesta de la Asamblea Legislativa para aprobar créditos internacionales orientados a mitigar la crisis ambiental provocada por los incendios forestales.

El Órgano Ejecutivo, dijo la autoridad a la privada Cadena A, ante la falta de apoyo legislativo moviliza recursos y coordinación interinstitucional para “evitar que la emergencia escale a desastre”.

Ante la creciente ola de incendios forestales que afecta diversas regiones del país, el Gobierno nacional activó un Decreto Supremo de Emergencia Nacional el pasado 20 de agosto, con el fin de movilizar recursos económicos y operativos para enfrentar la crisis ambiental.

La medida busca proteger la salud de la población, la biodiversidad, el medio ambiente y las actividades productivas, al tiempo que permite una respuesta estatal más ágil en todos los niveles.

Ruiz explicó que los recursos asignados inicialmente a través del decreto ascienden a 20 millones de bolivianos, destinados principalmente a la movilización de las Fuerzas Armadas, y adelantó que podría habilitarse una segunda partida por el mismo monto, si la situación así lo requiere.

De acuerdo con la autoridad, este tipo de contingencias estaban previstas en créditos internacionales que debían ser tratados por la Asamblea, pero criticó que este órgano “no ha estado a la altura de la coyuntura compleja que enfrenta el país” en situaciones como sequías, riadas e incendios forestales.

“Hoy vivimos una emergencia y no queremos llegar a un desastre”, advirtió la autoridad.

El ministro destacó que, a pesar de la falta de apoyo legislativo, existe un trabajo coordinado con gobernaciones, municipios y organismos internacionales, lo que ha permitido acceder a ciertos recursos económicos y logísticos para atender las quemas forestales.

Asimismo, precisó que, gracias al decreto de emergencia, el Ejecutivo puede instruir a los gobiernos municipales la reprogramación de sus Planes Operativos Anuales (POA) para destinar fondos a la atención de esta crisis.

Según la última evaluación del Ministerio de Medio Ambiente, ya se han sofocado dos incendios de gran magnitud y, al momento, quedan cuatro focos activos en el territorio nacional.

 Como dato alentador, Ruiz señaló que se prevén lluvias en la región de la Chiquitanía, lo cual podría contribuir no solo a extinguir los incendios, sino también a humedecer los bosques y prevenir la propagación del fuego.

En paralelo, el Tribunal Agroambiental ratificó que la pausa ecológica sigue vigente en todo el territorio nacional, lo que implica la prohibición absoluta de chaqueos, quemas y cualquier tipo de uso del fuego, independientemente del propósito o el área afectada.

La declaratoria de emergencia también autoriza al Gobierno central, gobernaciones y municipios a ejecutar contrataciones directas, traspasos presupuestarios y gestiones de cooperación internacional, en el marco de las competencias de cada entidad.

Además, se instruyó al Ministerio de Relaciones Exteriores convocar al cuerpo diplomático y a organismos internacionales para canalizar ayuda y apoyo logístico.

Como parte de la estrategia nacional de respuesta, todos los ministerios del Órgano Ejecutivo están obligados a destinar mayores recursos dentro de sus competencias para fortalecer la capacidad operativa del Estado frente a los incendios.

La medida, dijo el ministro Ruiz, busca consolidar un esfuerzo interinstitucional que permita frenar el avance del fuego y mitigar sus impactos ambientales, sociales y económicos.